2020.10.16
Vía La Razón
El Premio Nobel de Economía de este 2020 se lo llevaron los investigadores estadounidenses de la Universidad de Stanford, Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, “por sus mejoras en la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de subastas”, según anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca.
Los análisis de ambos matemáticos revolucionaron dicho campo, crearon un mercado más eficiente para empatar la demanda con la oferta, y contribuyeron a maximizar los ingresos de la hacienda pública en el mercado energético o de servicios móviles de telecomunicaciones.
El trabajo de Milgrom y Wilson demuestra fehacientemente como el mecanismo de subasta es el más eficiente para asignar recursos escasos propiedad del Estado, para ser concesionados a particulares para su explotación. Los dos casos más notables son las rondas petroleras y las subastas para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico.
El sistema de subasta para asignar el espectro no es ajeno al caso mexicano. La gran mayoría de las asignaciones de este bien del dominio público a los distintos concesionarios han sido a través de subastas públicas.
Sin embargo, fue en el 2003 cuando la Secretaría de Hacienda (SHCP) tuvo la pésima idea de fijar un pago de derechos anual por el uso de frecuencias del espectro. Esta decisión metió una distorsión al sistema de subastas en la asignación de frecuencias, en virtud de que el operador tenía que descontar de su oferta, los pagos de derechos a los que se comprometía durante la vigencia de la concesión.
Si los premios Nobel de Economía han demostrado que el mecanismo de subasta es la mejor manera de maximizar la recaudación pública, no hay necesidad de cobrar derechos por el uso de las frecuencias.
No obstante lo anterior, en el paquete económico 2021 que está preparando la SHCP se propone aumentar el pago de derechos por el uso del espectro. Esto es un despropósito dado que los concesionarios ya hicieron un pago en la subasta, calculando los derechos que tendrían que pagar durante la vida de la concesión. Subir el precio ex post la subasta afecta sin lugar a duda los planes de negocio de los operadores.
La terrible consecuencia de una medida así es que un aumento en los derechos sólo va a retrasar la cobertura en áreas menos rentables. La gente marginada será la más afectada al no contar con servicios de telecomunicaciones y la brecha digital irá en aumento. Esperemos que la SHCP reconsidere esta propuesta de política pública recaudatoria.
