A más de dos meses de haber sido presentada por el Ejecutivo la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aún prosiguen en el Senado de la República las discusiones, lo que tiene ya efectos perjudiciales importantes para este sector de la industria mexicana.
Parecería que para algunos senadores el status quo es el adecuado y que las discusiones y análisis pueden prolongarse ilimitadamente. A pesar de que la iniciativa lleva meses en las comisiones dictaminadoras del Senado, de que se han realizado numerosas reuniones de negociación entre representantes del Gobierno Federal y los partidos políticos, y de que incluso se han llevado a cabo foros de consulta tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ahora inopinadamente el PRD plantea más foros de análisis (dirigidos, en parte, a un segmento específico de la radiodifusión auto-identificado como promotor de causas sociales).
La primera afectación concreta de este atraso probablemente debiéramos encontrarla en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta, cuyo otorgamiento, como sabemos, está ordenado en la reforma a la Constitución del 11 de junio de 2013.
La ausencia de una legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión es bastante seguro que ocasione grave incertidumbre para el proceso y para los inversionistas interesados en participar en la licitación. Veamos por qué.
La convocatoria respectiva a la licitación fue publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2014. El 9 de marzo se hicieron disponibles las bases de la licitación en la página de internet del IFT a cualquier interesado. Hasta ahí todo en orden.
El problema –y grave- comienza cuando, conforme al calendario de la convocatoria y de las bases de la licitación, en once días a partir del día de hoy deberá iniciar la ejecución de dos actos claves de la licitación: en primer lugar, los días 16 y 17 de junio, los interesados deberán presentar su solicitud de opinión favorable en materia de competencia económica y, después, los días 18 y 19, todas las personas que hayan presentado solicitud de opinión en materia de competencia económica podrán plantear al IFT cualquier pregunta que tengan respecto del proceso de licitación.
No se necesita ser un experto en licitaciones de cadenas de televisión para darse cuenta que la ausencia de una legislación secundaria genera una incertidumbre enorme en el proceso concesionario.
¿Qué preguntas pueden formularse al IFT si el documento clave para la operación futura de las nuevas cadenas –la legislación secundaria- aún es inexistente?
Conservadoramente, el despliegue de las nuevas cadenas de televisión abierta tendrán un costo de 4 mil millones de pesos ¿La gente que está dispuesta a invertir tales montos en nuestro país merece tal incertidumbre?
Lo peor del caso es que las bases ya no contemplan otra ocasión para plantear nuevas preguntas al IFT, no obstante que aún no exista la legislación secundaria aplicable. Así las cosas, todo sugiere y nada impide que se pospongan las fechas del calendario de la licitación.
Si el PRD, alegremente, atrasa una y otra vez las fechas para discutir y aprobar la legislación de telecomunicaciones, ¿por qué el IFT no habría de posponer el calendario de las dos nuevas cadenas de televisión?
