2021.02.09
Vía El Universal
La denuncia de Lozoya, además de convertirlo en “testigo protegido” para así evitar ir a la cárcel, pintaba para ser una catapulta electoral para Morena.
La declaración-denuncia que rindió Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en agosto del año pasado, misma que fue ampliamente comentada en la conferencia mañanera del Presidente de la República y filtrada a medios de comunicación, pintaba para ser una catástrofe judicial contra políticos del PAN y del PRI. Muchos de los señalados en ese escrito tuvieron cargos de muy alto nivel y varios de ellos actualmente son gobernadores.
La denuncia de Lozoya, además de convertirlo en “testigo protegido” para así evitar ir a la cárcel, pintaba para ser una catapulta electoral para Morena, al sacar a la luz fuertes escándalos de corrupción tanto del PRI como del PAN.
Pero, seis meses después, parece que la Fiscalía General de la República (FGR) ya no tiene el caso que pensaba, y mucho menos los rendimientos que esperaba. Esto luego de dos señales inequívocas:
primero, que un juzgado federal rechazara, en la vía económica, vincular a proceso penal al exsenador Jorge Luis Lavalle, uno de los señalados por Lozoya en su escrito. Para cubrirse, la FGR señaló que la audiencia había sido pospuesta por el Covid-19, pero dado que éstas son por videoconferencia, el argumento de los fiscales parece poco convincente.
Y, segundo, la FGR ha vuelto a “apretar” a Lozoya y a su familia. Se ha hecho público que, además de los pagos que recibió (presuntamente ilegales) por parte de la constructora Odebrecht, también ahora se investigan millonarios pagos a él por parte de la constructora española OHL y a su esposa, Marielle Eckes, le han abierto un caso por defraudación fiscal. Ante ello, parece que la información que ofreció Lozoya no fue la que la FGR esperaba, o no hay forma de comprobar sus dichos.
Por lo anterior, parece que la Fiscalía ahora migra sus esfuerzos a otros casos que podrían ser igualmente relevantes para sancionar actos de corrupción del sexenio pasado: el del empresario Alonso Ancira, así como las cuentas de varios políticos en Andorra y el manejo que de éstas hacía el abogado Juan Collado.
Ambos personajes ya están detenidos y ha trascendido que estarían negociando con fiscales federales una reducción de cargos a cambio de volverse “testigos colaboradores”.
Así que, mientras más avancen estos casos, menos relevante se vuelve Emilio Lozoya, con lo que parece que, con sus estrambóticas declaraciones, el único que acabará en la cárcel será el propio exdirector de Pemex, quien en cuestión de meses logró enemistarse con toda la clase política del PRI, del PAN y ahora hasta con Morena.
No en balde ha existido tanta rotación entre sus abogados. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, está urgida en consolidar su autonomía, ya sea con un golpe importante a la corrupción del pasado y presente, o resolviendo el caso Ayotzinapa.
Veremos si logra sus cometidos principales. Ojalá.
Cambiando de tema:
Interesante que, desde el Senado de la República y la Secretaría de Gobernación, se pretenda regular a las redes sociales en México. Es un hecho que en todo el mundo la regulación hacia éstas avanza, pero en Estados Unidos progresa una regulación pro-competencia, mientras que en Europa es una más intrusiva, a efecto de regular contenidos.
Qué bueno que, para un tema tan complejo, el senador Ricardo Monreal haya optado por asesorarse por los expertos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Así que pronto sabremos con qué enfoque se pretende regular a las redes sociales en México.