Aún hoy, después de cuatro años desde la reforma constitucional en telecomunicaciones, son muchos los que no tienen clara la diferencia entre política de telecomunicaciones y regulación. En esta entrega quiero enfocarme en la trascendencia de la política de telecomunicaciones, a la que, en mi opinión, no se le ha dado la importancia que merece al volcarse la industria y sus pasiones en aspectos de regulación. Y es natural, la regulación, por su propia naturaleza, afecta los intereses de los operadores, mientras que la política tiene como principal objetivo hacer que los servicios de telecomunicaciones lleguen a personas y lugares a los que el mercado por sí solo no puede atender.
La regulación establece las reglas del juego para los operadores y busca corregir las deficiencias de mercado en un sector intensivo en capital, con una competencia deficiente y muy concentrado. Por su parte, la política atiende a aquellos que aún están fuera del mercado con la intensión de ayudarlos a incorporarse a él y recibir los beneficios de la comunicación y el conocimiento, estén donde estén.
Hay que reconocer que en esta administración se han dado los pasos más importantes en materia de política de telecomunicaciones desde la privatización de Telmex en 1990. Algunos de ellos son polémicos e implican una apuesta muy alta, como la Red Compartida y su anclaje constitucional que impide un uso más eficiente del espectro radioeléctrico en caso de que falle. Otros, como la Red Troncal, que pretende ampliar las capacidades de conectividad entre ciudades y regiones remotas utilizando la fibra óptica de la CFE son, en mi opinión, un acierto, aunque enfrentan grandes retos para conseguir financiamiento dada la poca rentabilidad de los servicios en regiones apartadas y poco pobladas. Ambos proyectos van avanzando poco a poco, aunque aún no prestan servicio alguno y son muchos los escollos que encontrarán.
Hoy, la Subsecretaría de Comunicaciones, encabezada por Edgar Olvera, está trabajando en varios proyectos adicionales que, aunque no son tan llamativos como la Red Compartida y la Red Troncal, pueden ser incluso más trascendentes. El primero de ellos es poner todos los inmuebles del gobierno federal a disposición de los operadores para que puedan instalar su infraestructura de transmisión, y eventualmente, ofrecer también los derechos de vía que tiene la infraestructura carretera y ferroviaria para que los operadores puedan instalar antenas, ductos y fibra óptica a lo largo y ancho del país. No menos importantes son los convenios de coordinación que se busca firmar con estados y municipios para que la infraestructura de éstos se ponga también a disposición de los operadores.
Otro de los grandes retos de la política de telecomunicaciones es uniformar los criterios de estados y municipios para el otorgamiento de permisos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Hoy cada municipio tiene reglas diferentes e incluso en muchos casos no hay normatividad alguna, lo que en la práctica da lugar a la corrupción y a cobros arbitrarios por parte de autoridades municipales. Dado nuestro régimen federal y las atribuciones constitucionales de los municipios, éste es un trabajo delicado que requiere de convencimiento y negociaciones de alto nivel en que todas las partes salgan ganando. Es un gran reto, pero de lograrse, el efecto en la inversión para el despliegue de redes podría ser sorprendente.
Como puede ver, los proyectos de política de telecomunicaciones son tan importantes como la eficiente regulación del mercado, aunque aún hay mucho por hacer. Nos hace falta un verdadero programa de cobertura universal soportado por los ingresos que genera el propio sector. Aunque se han licitado contratos para que los operadores lleven servicios a zonas no atendidas por el mercado, los recursos presupuestales son escasos y muchas veces los recursos generados por la industria de las telecomunicaciones se destinan a gasto corriente o a otros sectores. A manera de sugerencia, podría modificarse la ley para que los impuestos del sector se destinen a un fondo de cobertura universal administrado por la SCT, que permita licitar contratos para atender zonas sin cobertura sobre bases estables y predecibles, no sujetas a los vaivenes políticos que cada año modifican los recursos presupuestales asignados a la cobertura universal.