Federico González Luna Bueno/ El Financiero
En el marco de la reforma constitucional de telecomunicaciones, uno de los temas que plantea mayores retos y oportunidades es el de los contenidos de radiodifusión, televisión restringida y demás servicios de telecomunicaciones.
La regulación es amplia y, en lo general, contiene disposiciones benéficas que alentarán contenidos con mayor pluralidad y diversidad, más espacios para la creación y nuevos instrumentos para su difusión.
Tendrá impacto sobre los medios abiertos y de paga comerciales, sobre los públicos, culturales, educativos y sociales, y contempla también un relanzamiento de gran envergadura de las estaciones públicas de radio y televisión. Señalemos algunas disposiciones que configuran el marco constitucional:
Reafirma el derecho a la libertad de expresión como premisa fundamental. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.
Se amplía la libertad de imprenta (debemos entenderlo así) al señalar ahora el artículo 7o. que será inviolable la libertad en general de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, y ya no solamente los medios impresos. Prohíbe la previa censura y coartar en cualquier forma la libertad de difusión.
Establece el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Se trata de un derecho que deberá entenderse aplicable más allá de la radio y televisión, incluso en todos los aspectos que atañen a las nuevas formas de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC ´s).
Establece que los servicios de telecomunicaciones se prestarán en condiciones de pluralidad.
La radiodifusión se prestará en condiciones que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional.
No podemos dejar de observar el subjetivo requisito de la “veracidad”, el cual justificadamente ha propiciado preocupación a nivel nacional e internacional, pero que en la legislación secundaria deberá regularse de manera adecuada y sin que, en caso alguno, abra la puerta al odioso control estatal de los contenidos.
Se crea un nuevo organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que proveerá el servicio de radiodifusión en todo el país, enmarcado en un catálogo de características de lo que deberán ser sus contenidos, todos ellos de carácter teleológico.
Uno de sus retos principales será generar una línea de conducción en un marco de diversidad y pluralidad efectiva, sin que el cúmulo de discusiones y antítesis desemboquen en la dispersión generalizada del proyecto.
Será de la mayor importancia el mandato constitucional para que el organismo dé espacio a las obras de producción independiente, y así a formas de expresión frescas y novedosas, a oportunidades de creación diferentes.
Este nuevo organismo será centro de confluencia de muchas fuerzas y energías y deberá saber discutirlas para que el producto final cumpla las elevadas metas fijadas por la Ley Suprema. Su mayor reto será que en México contemos con un modelo de radio y televisión similar al de la BBC británica y no se relance un nuevo, burocrático e inservible lmevisión.
Poco se ha dicho del cambio profundo que se avecina sobre las estaciones de radio y televisión en manos del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Ahora contarán con independencia editorial y autonomía de gestión financiera; se trata de un cambio discretamente expresado pero que terminará de tajo con el control propagandístico y político al que algunos gobiernos estatales creen que están destinadas cientos de estaciones de radio y televisión que hoy operan.
Hay muchos temas más en la reforma, que es amplia y compleja en contenidos, lo que no impide que podamos ver en su esencia un planteamiento para generar nuevas formas de expresión en un marco de libertades.
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