2020.05.15
Vía El Sol de México
No existe duda de que los servicios audiovisuales a través de Internet (streaming) provenientes del extranjero deben ser regulados y estar sujetos a un marco tributario, existen múltiples razones para ello: el interés público de la recaudación sobre fuentes de riqueza, protección de los usuarios, evitar la saturación de las redes de telecomunicaciones, la eficiencia de mercados en competencia, entre otros.
Es natural que haya oposición tanto a pagar impuestos como a tener un marco regulatorio semejante al que cumplen empresas nacionales que igualmente prestan servicios audiovisuales, como lo son la televisión abierta o la televisión por cable.
Ante los cambios fiscales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entran en vigor el próximo 1 de junio, tal parece que algunas de estas plataformas de “streaming” están decididas a que sus usuarios paguen los impuestos a su cargo, muestra de ello es el reciente anuncio de Netflix de aumentar las tarifas a sus usuarios.
La oposición a pagar impuestos y a ser regulados no debe traducirse en afectaciones económicas a los usuarios, incluso la autoridad fiscal mexicana ya manifestó que los impuestos a la economía digital no justificaban un alza de precios en servicios, en virtud de que la Ley del IVA ya es prexistente.
La decisión es cuestionable, más en estos momentos, cuando los ingresos del “streaming” han aumentado durante esta pandemia, se viven fenómenos de saturación de redes ya que estos servicios se “montan” en las mismas sin pagar nada, por lo que, no sólo deben pagar impuestos, sino tener como complemento regulatorio algunas otras obligaciones como en contenidos, aunque ya estén armando su “campañita” de que sería contrario al T-MEC.
Interferencias
Llama la atención lo que viene ocurriendo -en la última semana- en el sector telecomunicaciones y radiodifusión, en particular, una serie de declaraciones y acciones de parte del gobierno de la 4T contra la autonomía y respeto que debe existir entre instituciones del Estado mexicano.
Causa extrañeza que el Ejecutivo Federal al hablar de corrupción, haga alusión al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), del que no recuerda su nombre, pero critica el presupuesto público, la estructura y los salarios de los servidores públicos que ahí trabajan, para rematar preguntando que pese a haber creado todo ello, cuestiona si ¿ya no hay monopolios?
Y por su parte, la SCT manda oficios solicitando a los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y empresas de alta tecnología notifiquen a la Secretaría de Economía el número total de trabajadores que resulte indispensable para garantizar la continuidad de los servicios.
A todo esto, ante un gobierno descoordinado, no sabemos si existe una estrategia de ataque hacia los órganos autónomos, porque el IFT, no ha sido el único o simplemente que lean lo que dijo la Suprema Corte hace unos días, nadie puede violentar el orden constitucional o simular que se cumple, por ello, respeto a los entes autónomos, no se puede mediante palabras o acciones desarticular la estructura del Estado mexicano, eso es regresión.
