2017-12-05
El día de ayer, varios medios de comunicación publicaron un insólito desplegado en que se pronuncian sobre la violencia contra los periodistas y la inseguridad que priva en varias partes del país, quejas que han sido recogidas por la misión de observación que realizan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Es difícil entender la violencia que se vive en varias partes del país y que aqueja a periodistas y no periodistas. En particular, me sorprende lo sencillo que se ha convertido amenazarlos e incluso hacerles daño. Aún más, me llama la atención la impunidad que hay para resolver los miles de crímenes que acontecen a diario en el país, incluidos los de connotados periodistas como Miroslava Breach, sucedido en Chihuahua, o Javier Valdez, en Sinaloa, por dar algunos ejemplos.
Una opción que dejo para el análisis —como parte de una amplia cadena de amenazas y muertes para evitar que el periodismo informe de cosas que resultan incómodas para el crimen organizado y para algunos políticos— es que desde los más altos niveles de la política no hay respeto alguno por el periodismo y los medios de comunicación. Al contrario, se les mira como una amenaza y muchas veces se hace uso de las instituciones del Estado para complicarles la existencia, en vez de ayudarles.
Si esto pasa en lo más alto de la política y los partidos, la señal que se manda a todas las burocracias es una que no ayuda a proteger el periodismo y a los medios de comunicación, incluso parece que está de moda atacarlos. Algunos ejemplos:
—Ley de Réplica: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudia controversias de Morena y del PRD en las que básicamente estos dos importantes partidos piden ejercer su “réplica” contra medios de comunicación incluso cuando la información publicada es cierta. Los dos principales partidos de izquierda pretenden entrar a ocupar medios —impresos y electrónicos— en el momento en el que éstos den información que les “agravie”. Así, tratan de silenciar cualquier crítica en su contra. La Corte ha venido analizando la Ley de Réplica, y recientes votaciones en la Primera Sala hacen improbable que esta acción prospere, pero sin duda es un primer esbozo de ataques contra medios y periodistas.
—Uso de spots electorales para manipular la imagen de periodistas: hace un par de años, el PRD lanzó miles de spots —de los que regala el Instituto Nacional Electoral (INE) como prerrogativa electoral— para atacar a Joaquín López Dóriga. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que ese no era el uso correcto de los spots y amonestó al PRD. Ahora, el PAN usa las imágenes de Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva para denostar a EL UNIVERSAL. Ni el INE ni el TEPJF decidieron dar medidas cautelares para efectos de suspender este promocional, pero hay dudas sobre si los spots se pueden usar para criticar a un medio impreso y también si en éstos se pueden usar extractos de otras notas periodísticas. El tema está siendo estudiado por el TEPJF y se espera un fallo en los siguientes días.
—El Frente Ciudadano por México y la libertad de expresión: de llamar la atención que la coalición “ciudadana” del Frente, compuesta por PAN, PRD y MC, haya presentado una plataforma electoral de más de 35 hojas en la que el tema de la libertad de expresión es inexistente. Bueno, corrijo, que sólo prevé “libertad de expresión sin censura gubernamental en las redes sociales” (IV.B.16.3). Ante esto, ¿qué les espera al resto de los medios —periódicos, revistas, radio, TV abierta y TV de paga—? Tal parecería que para ellos sí pudiera haber censura.
—Morena y sus concesiones sociales: increíble que Morena, en el proyecto que presentó Andrés Manuel López Obrador como su plataforma de gobierno para 2018-2024, no haya nada en materia de libertad de expresión. En tema de concesiones sólo se habla de mayor cobertura social y para ello, propone otorgar concesiones sociales en bandas que ya están ocupadas por actuales concesionarios de telecomunicaciones, además de otras ocurrencias. El documento es tan endeble que pone a la Cofetel como regulador del sector, con todo y que ésta desapareció hace ya más de cuatro años.
Así, PAN, PRD, MC y Morena dejan ver que no tienen ningún compromiso con la libertad de expresión, es más, parecería que es todo lo contrario. Ojalá estos partidos revisaran sus posicionamientos, amén de que ayudaría que quienes se los elaboran fueran más serios en sus propuestas.
En este tema, queda pendiente qué va a proponer el PRI y su candidato, José Antonio Meade. Serán los últimos en presentar algo al respecto, lo que de por sí ya es criticable, pero tienen la oportunidad de presentar algo mucho más serio de lo que han hecho los otros partidos. Es un tema que nos compete a todos.
Cambiando de Tema…
INAI vs IFT y viceversa: Gran litigio en el que se enfrascan dos órganos constitucionalmente autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este último emitió el mes pasado una resolución, a través de la cual ordenó al IFT entregar la grabación de una audiencia-entrevista celebrada en marzo de 2015 entre sus comisionados y directivos de la empresa Tele Fácil que, como dato relevante, es el operador que demandó al Estado Mexicano bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por la cantidad de 500 millones de dólares, procedimiento en el que le podría asistir la razón a esta empresa en virtud de que los términos de interconexión que le dieron inicialmente, luego fueron revertidos —de manera poco clara— por el propio IFT a favor de Telmex.
Al parecer, Tele Fácil estaría buscando evidenciar lo anterior a través de la solicitud arriba comentada. Sin embargo, parecería que el IFT tendría razón en no proporcionarla, toda vez que la Ley de Telecomunicaciones señala de manera expresa que ese tipo de grabaciones tienen el carácter de información reservada.
Además, si tomamos en cuenta que los comisionados del IFT prácticamente tienen nulo contacto con los directivos del sector telecomunicaciones, radio y TV —por las “reglas de contacto” impuestas en ley—, de enviar la señal que el INAI podría entregar grabaciones de las reuniones sostenidas, ya nadie se atrevería a hablar con los comisionados del IFT por miedo a que terceros conozcan sus estrategias y planes de desarrollo.
Así, si ya de por sí el instituto tiene poco contacto con las industrias que regula, —justo por las reglas que prohíben los “contactos”— si ahora añadimos que los pocos contactos realizados están en riesgo de convertirse en información pública disponible para cualquiera (hasta para los competidores), ya nadie se le va a acercar, lo que lo haría el primer regulador de telecomunicaciones en el mundo que no únicamente tiene absurdas reglas de contacto, sino también ahora tendría que hacer públicas las reuniones privadas que sostiene en sus instalaciones. Ojalá que el INAI recapacite y, de no hacerlo, que la Corte ponga un freno a un sinsentido que convertiría al IFT en un órgano proscrito por sus propios regulados.
