2021.04.21
Vía El Economista
Ante la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, los ciudadanos debemos hacerle frente tanto de manera activa -demandando el amparo de la Justicia de la Unión por la violación a nuestra privacidad- como de manera pasiva -negándonos colectivamente a entregar nuestra información personal y mucho menos nuestros datos biométricos-.
El pretexto que usó la cuatroté es que ayudará, supuestamente, a combatir la delincuencia, de manera especial la extorsión que se origina en las cárceles. En los países en que se ha implementado (casi todos totalitarios) el resultado ha sido el contrario: se incrementó sustancialmente el robo de celulares y el tráfico de tarjetas SIM en el mercado negro, y se constató la venta de la base de datos al crimen organizado. La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada este fin de semana obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a mantener los datos como confidenciales, pero ese no es el problema. El IFT es una institución seria. El problema es que cualquier autoridad de policía, investigación o persecución de delitos puede solicitar nuestros datos e información biométrica sin justificar nada y sin necesidad de orden judicial. Así, la policía municipal de Ecatepec, tan prestigiada y confiable, puede pedirle al IFT sus huellas digitales, su voz y el iris de sus ojos para entregarlos al crimen organizado que con toda facilidad vaciará sus cuentas de banco con abrazos y sin balazos.
Como señaló Javier Tejado Dondé en su columna de ayer en El Universal, la idea original de Morena era combatir la extorsión desde las cárceles. Evidentemente, se dieron cuenta que no pueden o no quieren eliminar el ingreso de celulares a los centros penitenciarios, así es que les pareció buena idea obtener los datos biométricos de los usuarios de 122 millones de teléfonos móviles. Una medida proporcional, claro, ¿quién puede pensar que es más fácil obligar a los directores y custodios de las cárceles a no andar vendiendo celulares adentro?
El tema de la proporcionalidad es uno de los argumentos más sólidos para poder ganar el amparo. De acuerdo con diversas jurisprudencias obligatorias, el juez de amparo debe siempre realizar un test de proporcionalidad cuando estén en conflicto un derecho humano y alguna medida que pretenda restringirlo. En el test se debe evaluar si la medida restrictiva es idónea para alcanzar el fin deseado. No hay evidencia alguna que demuestre que los delincuentes irán felizmente a registrar sus huellitas, sus encantadores iris y su gallarda voz para que los policías de Ecatepec los puedan detener sin necesidad de investigar. El test también debe demostrar que recabar los datos biométricos de los usuarios de 122 millones de celulares es una alternativa menos lesiva para los derechos humanos que quitarles el celular a los pobrecitos presos que son pueblo bueno. Por último, Morena deberá acreditar que violar la privacidad de más de 100 millones de personas vale la pena para evitar que los extorsionadores y los custodios se queden sin el negocito de los celulares en las cárceles.
De manera pasiva, lo que yo haré y les sugiero hacer, es cambiar mi línea de pospago por una de prepago antes de seis meses sin dar ningún dato y después, simplemente, esperar. En México hay 100 millones de líneas de prepago que en la fantasía de Morena se van a registrar antes del 17 de abril de 2023. Supongamos que la mitad sí lo hace. Aún así, nos quedan 50 millones de personas a las que en abril de 2023 las empresas deberán desconectar de un día para el otro. No va a pasar. Vamos a ver a Morena dando maromas para derogar o posponer la estupidez que hicieron. Así, sugiero, pura resistencia civil pacífica y a ver cómo le hacen. Que el problema sea de ellos, no de nosotros.