Federico Gónzalez Luna Bueno
Por fin, será en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará el sábado próximo, cuando se lleve a cabo la discusión y, esperemos, aprobación de la esperada legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
La próxima legislación secundaria no sólo deberá atender los objetivos y fines de la reforma constitucional del 2013, sino que deberá complementarlos e impulsarlos para que nuestro país pueda contar con las herramientas necesarias para lograr un verdadero cambio de modelo que nos permita superar tantos atrasos y retos como los que hoy acusamos.
Los servicios de telecomunicaciones del país son caros, de mala calidad, con poca cobertura y con millones de mexicanos fuera del circuito de cambio tecnológico que tantas oportunidades ofrece al desarrollo humano. Oportunidades que, no sobra decirlo, están siendo aprovechadas por muchos otros países similares al nuestro.
De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit, para el tercer trimestre del año 2013 en México solamente contamos con 15 millones de usuarios de banda ancha móvil, lo que significa que 102 millones de mexicanos carecen de este servicio. Igualmente, sólo existen 52 millones de internautas, lo que deja fuera del servicio de Internet a 66 millones de personas; en cuanto a smartphones o teléfonos inteligentes, existen 31 millones de usuarios, lo que implica que 86 millones de mexicanos carecen de este herramienta básica de comunicación moderna.
La penetración de los servicios móviles en México es una de las más rezagadas de la OCDE y Latinoamérica: ocupamos el lugar 23 de la OCDE y en América Latina estamos en el lugar 14, sólo por encima de Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Cuba. Imaginemos la desventaja que ello implica respecto de nuestros principales socios comerciales.
Tenemos graves problemas de concentración de mercado. Un solo operador detenta más del 70 por ciento de la penetración de los servicios móviles, y arriba del 80 por ciento en telefonía fija e Internet. Contra tal poderío de mercado, pletórico de barreras de entrada de facto, no existe evidentemente posibilidad alguna de que surja una auténtica competencia. Y lo peor del caso es que las cosas no tienden a mejorar; por el contrario, de acuerdo con el Índice Herfindahl (utilizado en la Unión Europea como herramienta básica para medir el nivel de competencia en los diversos mercados económicos, con base en ingresos totales) se tiene que en México en los últimos cuatro años las cosas han empeorado, al pasar este Índice (donde cero es un mercado perfectamente competitivo y uno un mercado donde no hay competencia) de 0.49 en 2009 a 0.56 en el tercer trimestre de 2013.
Es decir, si creemos que la competencia efectiva es el camino a seguir, no vamos bien. No importa tanto que los precios hayan bajado en la mayor parte de los servicios (como sucede en la mayor parte de los mercados de telecomunicaciones desarrollados o en vías de desarrollo en el mundo) sino que tengamos bases legales serias para que realmente se suscite la competencia efectiva entre operadores. Sólo así podremos propiciar condiciones para que sean justos los ingresos de las empresas, promoveremos las inversiones, la introducción de servicios innovadores y, finalmente y como consecuencia de lo anterior, contaremos con mejores condiciones de cobertura, precio y calidad para los usuarios.
Después de años y años de intentos frustrados, que muchas veces han provocado diversos géneros de suspicacias, nuestras anteriores autoridades administrativas, las extintas Comisión Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia, nunca supieron, pudieron o quisieron modificar la situación prevaleciente.
Sólo podremos cambiar auténticamente la realidad si hacemos las cosas de manera diferente. Y en un Estado de derecho el cambio comienza por sus leyes: los mexicanos no podemos desaprovechar esta oportunidad que la historia nos brinda.
Abogado en telecomunicaciones
