En los días recientes se retomó la discusión en torno a la propuesta del regulador británico, Ofcom, para separar legalmente del operador British Telecom (BT), la parte correspondiente a la operación de la red de acceso local de este operador, que desde hace un poco más de diez años funciona como una división más de ese operador, bajo la figura conocida como separación funcional. Quienes estén familiarizados con el contexto de las telecomunicaciones del Reino Unido recordarán que allá por el 2005 se creó una división de BT con el propósito de que operara la red local de BT, para permitir que otros operadores pudieran tener acceso a esa red, en condiciones similares a las que el propio BT se otorgaba. La idea de este modelo era impulsar mejores condiciones de competencia en el mercado británico. A esa división se le denominó a partir de entonces Openreach.
En febrero de este año, después de efectuar lo que esta autoridad reguladora denominó una revisión estratégica de las comunicaciones digitales, anunció que había llegado a la conclusión de que el modelo de separación funcional no había rendido los resultados esperados para promover mayor competencia en el sector telecomunicaciones del Reino Unido. En julio, BT entregó a Ofcom una propuesta para mejorar el modelo actual de separación funcional, con la idea de disuadir al órgano regulador de seguir adelante con la idea de ordenar una separación legal de Openreach, que implica una mucho mayor independencia en la operación de la red local que lo que ha significado hasta hoy Openreach.
Después de varios meses de diálogo entre Ofcom y BT, la primera anunció a finales de noviembre que seguirá adelante con su propuesta de separación legal una vez que llegó a la conclusión de que las propuestas de BT no fueron suficientes para atender las preocupaciones en materia de competencia que ha venido señalando desde principios de año.
Entre las cuestiones que Ofcom ha enunciado a lo largo de este año está el hecho de que BT aún mantiene incentivos para discriminar en perjuicio de sus competidores; que BT mantiene control sobre el proceso de toma de decisiones estratégicas; o que BT no consulta lo suficiente con todos los clientes de Openreach, por citar algunas conductas. En tal virtud, para resolver este tipo de cuestiones, Ofcom propone ahora que Openreach no funcione como una división más de BT, sino que se convierta en una empresa nueva, con sus propios estatutos y su propio consejo de administración, entre otras medidas. Como es de esperarse, la propuesta de Ofcom no es del agrado de BT, ni del operador incumbente alemán Deutsche Telekom (DT), quien posee el 12% de las acciones de BT. Si preguntamos en México a Telmex o a quienes le echan porras, seguramente reaccionarán igual.
El argumento siempre es el mismo, que este tipo de medidas son un desincentivo a la inversión. Lo cual no han acreditado, desde luego. Sólo basta ver que todos los pronósticos apocalípticos que han utilizado cuando se impulsa una nueva medida que busca controlar mejor su poder, no se han cumplido. Habrá que seguir de cerca qué resultados obtiene Ofcom, para ver si vale la pena intentar algo similar en México.
Título de concesión de Telmex
La semana pasada, el IFT dio a conocer que había aprobado la prórroga del título de concesión de Telmex, que vence en el 2026. Espero que la autoridad se haya cerciorado de que este operador haya cumplido en tiempo y forma todas sus obligaciones, incluyendo aquellas como preponderante. El regulador anunció que en el 2023 le dará a conocer a Telmex las condiciones para entregarle el nuevo título. Por la magnitud de la decisión, necesariamente dichas condiciones deberán ser objeto de consulta pública.
*El autor es Senador de la República.
