2022.02.23
Vía El Economista
En medio de la crisis más grave para la libertad de expresión que se recuerde después del golpe de Echeverría a Excélsior (creciente número de homicidios de periodistas por parte de funcionarios públicos y ataques diarios de López Obrador a la prensa), la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando la constitucionalidad de la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que eliminó graves injerencias del Estado en la libertad editorial de los medios. Hasta antes de la reforma, la LFTR establecía que en los programas transmitidos por radio y televisión el locutor, comentarista, periodista o invitado debía diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quién la presenta, y sería un “defensor de las audiencias” el que se encargaría de monitorear el cumplimiento de esta obligación. La violación a éste u otros “derechos de las audiencias” podía sancionarse con la suspensión de transmisiones del programa que, a juicio del gobierno, incurriera en ella.
Al principio no hubo mayor conflicto porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se tardó algunos años en emitir los lineamientos en que se establecerían las obligaciones mínimas de los “defensores de las audiencias”. El problema estalló cuando el IFT, lejos de establecer obligaciones para los “defensores de las audiencias” (que es lo que la ley ordenaba), se sintió legislador y amplió de manera absurda y peligrosa el catálogo de lo que ellos entienden como “derechos de las audiencias” y además otorgó atribuciones a los “defensores de las audiencias” que no estaban en la ley. También se arrogó el derecho de autorizar o no a las personas que fungirían como tales.
Ante estos excesos que violaban flagrantemente las libertades de expresión, opinión y prensa, el Congreso de la Unión fue sensible y matizó las disposiciones de la LFTR que podían dar lugar a censura por parte del gobierno. Entonces, algunos legisladores alineados a López Obrador, así como un grupo de activistas que hoy detentan cargos públicos en el gobierno obradorista, impugnaron la reforma a través de acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo. Según ellos están defendiendo los “derechos de las audiencias”, cuando es evidente que lo que buscan es el control editorial de la radio y la televisión, con la espada de Damocles que les permita sacar del aire programas incómodos.
El gobierno y los obradoristas incrustados en los medios del Estado (Villamil, Sosa Platas, Solís, Martell, Solórzano) no se conforman con hacer de los medios públicos vulgares plataformas de propaganda obradorista, violando todos los “derechos de las audiencias” que dicen defender. Ahora, además, quieren poder sancionar a los medios privados que incomoden la sensible piel del mesías. El acceso a información plural es un “derecho de las audiencias”. No obstante, cualquiera que vea los canales 11, 14 o 22 de televisión se dará cuenta que sólo presentan información y opiniones que apuntalen el capricho presidencial en turno, como la contrarreforma energética. Nunca van a ver en ellos algún programa de investigación que profundice en la corrupción del obradorato.
El problema es grave porque el proyecto de la Corte pretende revivir las facultades del gobierno para nombrar censores, así como la figura de la suspensión precautoria de transmisiones. ¿Se imagina usted lo que el gobierno hará con el programa de Carlos Loret de Mola en Radio Fórmula si la Suprema Corte comete el desatino de otorgar estas herramientas a un gobierno encabezado por un hombre que cree tener toda la verdad y considera como ofensa personal toda crítica? Basta de eufemismos: lo que quiere el gobierno es tomar el control editorial de la radio y la televisión, al más puro estilo bolivariano.
¿Alguno de ustedes ha visto a López Obrador distinguir en su Mañanera entre aquello que es información y aquello que es su opinión? ¿Los otros datos son información u opinión? ¿De qué privilegio goza para él poder hacer lo que sus empleados pretenden prohibir a los demás? Sin duda, permitir que el gobierno pueda sacar del aire programas de radio o televisión es una gravísima violación a la libertad de expresión y a infinidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Si cae la libertad de expresión cae la democracia. La Suprema Corte y sus ministros pueden ser recordados como el baluarte ante los embates totalitarios o como colaboradores del régimen.