El discurso del nuevo gobierno norteamericano, y en particular los mensajes de su Presidente, están haciendo renacer el nacionalismo en México y en otras partes del mundo. En nuestro país, por ejemplo, en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) el gobierno federal aplicó por primera vez, casi fortuitamente, una política industrial de contenidos nacionales mínimos. Así, las grandes constructoras mexicanas están renaciendo. Esta nueva política fue presumida la semana pasada en la “Reunión Plenaria de Órganos de Vigilancia y Control del Gobierno Federal”.
La realidad es que la mayoría de los países tienen en marcha políticas industriales para avanzar su industria nacional, pero en México desde hace años —ya fuera por abrazar de lleno los tratados de integración económica o por falta de visión— se dejó a un lado la implementación de políticas de este tipo enfocadas al crecimiento de ciertos sectores nacionales.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) parece estar en ánimo de seguirla implementando, particularmente en el sector de la construcción que es donde este rubro aporta cerca de 10 puntos al Producto Interno Bruto, lo que ha preocupado a muchas constructoras extranjeras, particularmente a las de origen español que, dado que ese país se encuentran en una especie de “quiebra”, no tienen muchas obras de gran envergadura a realizar.
Así, empresas españolas como OHL, Aldesa, Ferrovial, Dragados, Sacir, Abengoa, Sener, Acciona o incluso proveedores tecnológicos como Ayesa empiezan a estar preocupados ante el efecto que el discurso Trump, de rebote, está teniendo en ellos y que parece contagiar a otros sectores económicos nacionales. Incluso, tanto algunos gobernadores como un importante número de usuarios de redes sociales están haciendo llamados a boicotear marcas “norteamericanas” como Ford, General Motors y Starbucks, entre otras.
Estas políticas nacionalistas desde luego, aplicadas con inteligencia, sirven a los países que las implementan pues buena parte de los recursos invertidos y los empleos se quedan ahí. Sin embargo, si se aplican mal, corren el riesgo de inhibir la competencia y darle a los consumidores productos más caros, por eso éstas tienen que ser planteadas caso por caso y con sumo cuidado.
La semana pasada sorprendió en México que el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim diera una rueda de prensa para apoyar al gobierno federal (y minimizar los riesgos de la presidencia de Donald Trump). En esta misma pidió una política industrial en beneficio de su empresa, América Móvil, y criticó los subsidios a empresas extranjeras a la par de solicitar que a Telmex se le autorizara “convergencia”, algo que, dijo, no se le ha dado durante 15 años.
Este es un caso en el que una empresa nacional sólo disminuyó precios a los consumidores mexicanos tras la entrada de una férrea competencia nacional y extranjera, luego de la Reforma de Telecomunicaciones del 2013-14. Y la opción para que Telmex diera video (convergencia) se ha dado incluso a través de varios acuerdos que han sido incumplidos por la telefónica.
Pero el ingeniero lee bien el ánimo nacionalista y anti-americano que empieza a surgir entre la opinión pública, lo que podría poner en desventaja a empresas con capitales extranjeros. Incluso AT&T y el resto de las empresas norteamericanas en México están en algún peligro, pues aunado a que el Tratado de Libre Comercio está en riesgo, el gobierno norteamericano no ha logrado aprobar al Jefe de su Oficina de Comercio, la poderosa USTR, dado que la nominación de Robert Lighthizer sigue atorada en el Senado norteamericano.
Así las cosas. Tal parece que la incertidumbre que está generando Donald Trump en el campo de los acuerdos de integración económica está impulsando el cambio en varias políticas públicas a favor de las industrias nacionales. Aunque el discurso nacionalista suene bien, no necesariamente es una buena decisión para los consumidores mexicanos, por lo que habrá que estudiar caso por caso.
Cambiando de tema: muchas críticas han surgido sobre los Lineamientos de las Audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha expedido y, desde luego, al leerlos, es difícil imaginar cómo será un programa radiodifundido. Estos incluso afectan la TV abierta y la restringida. Al IFT le tocó aterrizar una serie de incoherencias que los legisladores plasmaron en la Constitución y en la legislación secundaria, y ahora nadie se hace cargo del Frankenstein que aprobaron. El Instituto pudo haber hecho talleres y seminarios luego de que en año y medio no se supo nada del tema (su consulta pública acabó en septiembre de 2015) y si bien estoy seguro de que en el ámbito de este órgano regulador no existió ánimo de ejercer censura contra los medios de comunicación electrónicos del país, el instrumento que aprobó sí puede servir a otros actores/partidos para inhibir coberturas que no les sean afines. Ese es el mayor de los riesgos, hecho que en materia electoral ya ha sucedido al utilizar los partidos políticos a “ciudadanos” para iniciar quejas contra espacios de radio y TT a los que se quiere “investigar” a efecto de modificar o inhibir su línea editorial.
El IFT hizo su trabajo y en muchas de las críticas —por omisión u acción— habría que voltear a la Legislatura pasada del Congreso.
