Federico González Luna Bueno | El Financiero | 4 de junio de 2012
La semana anterior el Presidente de la República, en la reunión anual de la industria de la televisión por cable, hizo un importante anuncio en materia de telecomunicaciones: proseguirán las licitaciones de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad.
La trascendencia de ello reside en el reconocimiento explícito del Estado mexicano en el sentido de que la infraestructura de que es propietario es necesaria para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones.
México requiere mucho más infraestructura para impulsar la competencia y la penetración del Internet de banda ancha entre la población. A junio de 2011, Internet Word Stats estimó que la penetración en México era 2.7 por ciento menor del promedio mundial y 9.5 por ciento abajo del promedio en América Latina.
Para atender este déficit de infraestructura debe impulsarse él uso de la existente, así como alentar otra que aún está pendiente por crearse. La realidad de las cosas nos dice que es muy complejo crear infraestructura en México. Tradicionalmente el Estado se mueve con lentitud para ofrecer nuevas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, sin perjuicio de los múltiples juicios e impugnaciones que oponen los competidores (en la última licitación de espectro, la 21, se presentaron más de cien juicios).
Además, todo esfuerzo para instalar redes alámbricas e inalámbricas se enfrentará a un verdadero galimatías regulatorio federal, estatal y municipal, ya sean en el derecho de vía de las vías generales de comunicación (carreteras, vías férreas, puertos) o en las ciudades y poblaciones. Aparte se tiene que enfrentar la corrupción y el desdén de muchas autoridades.
En este escenario, la infraestructura de la CFE es particularmente valiosa. Tal paraestatal dispone de una red nacional de fibra óptica a lo largo y ancho del país, de aproximadamente 25 mil kilómetros. La red se compone de alrededor de 36 hilos, de los cuales hace uso de una tercera parte, a lo sumo. En junio de 2010 se llevó a cabo la licitación de dos hilos de fibra a un consorcio privado, el cual ha venido realizando millonadas inversiones para “iluminar” dicha fibra; el resto aún es fibra oscura que no puede utilizarse.
En pocas palabras, el país dispone de gran capacidad para la transmisión de servicios de banda ancha ociosa. Dicha infraestructura fue financiada en su oportunidad con recursos fiscales; al tratarse de un bien público necesario para el país, sería inconcebible que se aplicaran criterios que tuvieran por resultado guardar o congelar tal infraestructura. Se trata de bienes con fines de interés público y no privados.
A pesar de la necesidad ingente del país por hacer un mayor uso de la red de fibra óptica de la CFE, existen resistencias para ello, algunas importantes y graves. Hace no más de dos meses la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a la CFE por la licitación de 2010; sus conclusiones fueron desalentadoras pues la consideró ilegal en virtud de que, en esencia, era mejor negocio para la CFE que ella misma operara la red en vez de permitir que los particulares también lo hicieran. Más allá de lo que nos parece absurdo y sin sustento de lo afirmado por la ASF (EL FINANCIERO, 9 de abril de 2012), lo más destacable del caso son las resistencias al cambio, que provienen de muchos lados.
Dejando de lado las sumas y restas, burocráticas, es patente que del uso de la red de fibra óptica de CFE sólo pueden devenir beneficios para la competencia y para los usuarios, tanto al ofrecérseles más y mejores servicios como más baratos.
Por eso el anuncio del presidente se hace trascendente y valioso y acusa un loable compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones del país. Tal vez ya no haya tiempo para que la actual administración federal concluya la respectiva licitación, pero sin duda es posible avanzar sustancialmente en ello, con actos jurídicos concretos. ¿O sólo fue una declaración política? Abogado en telecomunicaciones.
