vía El Economista.
Como parte de la estrategia de apertura comercial, fomento a la inversión privada, nacional y extranjera, y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México inició un paulatino esfuerzo de institucionalización que permitiera garantizar a los agentes económicos el respeto a sus inversiones, la estabilidad de un orden jurídico claro y, en la mayor medida posible, el respeto a las reglas del libre mercado.
El proceso fue gradual. Se abrogaron o derogaron infinidad de leyes y reglamentos que otorgaban al gobierno facultades discrecionales para dirigir la economía. No obstante, se mantuvieron algunas actividades reservadas al Estado por considerárselas de seguridad nacional. Así, se empezó a crear un andamiaje de instituciones autónomas o semi autónomas, que privilegiaran el análisis técnico de la regulación y la competencia por encima de intereses políticos coyunturales.
Como parte de este afán de garantizar el respeto a las inversiones y un régimen de libre mercado en competencia, desde hace más de treinta años se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a la que en 2013 se le dotó de atribuciones originarias en la Constitución. Reconociendo que los mercados en competencia son imperfectos, el Constituyente otorgó facultades exclusivas a la Cofece y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para investigar y sancionar prácticas monopólicas y concentraciones indebidas.
Cualquier investigación en materia de competencia económica implica un alto grado de complejidad técnica, ya que imponer alguna medida errónea en los mercados puede afectar a los consumidores en mayor grado que la conducta que se pretende corregir. Por ello, se estableció que sólo la Cofece y el IFT pueden denunciar ante el Ministerio Público (MP) los posibles delitos cometidos por agentes económicos en perjuicio del libre mercado y la competencia efectiva, como pueden ser la colusión de precios o el reparto de cuotas de mercado, entre otros. Evidentemente, la Cofece y el IFT cuando denuncian alguno de estos delitos, acompañan al MP con expedientes detallados y complejos que permiten acreditar la comisión del delito.
Todo lo anterior busca garantizar a los inversionistas y a los consumidores que nuestro régimen de libre mercado será respetado y que la facultad punitiva del Estado sólo será utilizada en los casos excepcionales en que un órgano técnico y autónomo investigue y acredite la comisión de algún delito.
Pues bien, de manera sigilosa, está avanzando en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por un legislador de Morena oriundo de Macuspana, Tabasco (qué curioso ¿no?), mediante la cual se pretende quitar las facultades de la Cofece y el IFT para denunciar delitos relacionados con competencia económica y transferirlas al MP (Fiscalía General de la República), para que, de oficio, pueda iniciar procesos penales en contra de cualquier empresario, inversionista o empleado de la iniciativa privada, por supuestamente “realizar una práctica monopólica, concentración, acaparamiento o manipulación del mercado de artículos de consumo necesario”. Lo anterior, según el amplio criterio y la indudable capacidad técnica de nuestros ministerios públicos, que jamás actúan por consigna.
La intención de Morena y sus aliados es aprobar esta reforma antes de que termine este periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre.
Es evidente que el presidente López Obrador está molesto porque sus “pactos” con Walmart, Chedraui, Maseca, Bachoco, Soriana, Sigma, Minsa y otros tantos, no han funcionado para controlar la inflación. Para él, la culpa es de la IP y hay que hacerlos cumplir, aunque sea a la fuerza, y tanto Cofece como el IFT le estorban. Él no necesita de complejos estudios de mercado para saber a quién hay que apretar, para eso tiene a la Fiscalía General de la República. O tal vez, simplemente quiera aplicar la estrategia de “o estás conmigo o estás contra mí”, por si algún empresario empieza a coquetear con la oposición. Lo cierto, es que esto rompe de manera grave la confianza de los inversionistas sobre el respeto a sus inversiones y la cancha pareja en nuestro régimen de libre mercado.
Si organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex, la Concamin, la Canacintra y todas las demás cámaras y asociaciones empresariales dejan pasar esta bola rápida, es muy probable que conforme se acercan las elecciones presidenciales de 2024 empiecen a sentir la mano dura.
En mi opinión, la reforma sería inconstitucional, pero para tener un fallo definitivo pueden pasar meses o años en el Poder Judicial de la Federación y mientras tanto todos los sectores productivos podrían ser presa de cualquier MP.
@gsoriag