Rodrigo Pérez Alonso
Excélsior
Hace unas semanas el presidente electo, Enrique Peña Nieto, definió a su equipo de transición, sus áreas de adscripción y las reglas bajo las cuales se deberá llevar a cabo la recepción del gobierno saliente de Felipe Calderón. Al igual que muchos otros sectores económicos de importancia, en el de las telecomunicaciones se ha estado a la expectativa de lo que pasará en el próximo sexenio, de quiénes encabezarán las distintas áreas encargadas del diseño y la ejecución de políticas públicas y de qué cambios habrá en el rumbo que éstas tomen. Se han hecho acercamientos, convenciones y la publicación de notas en medios con todo tipo de análisis y especulaciones.
En ese tenor, la semana pasada se celebró la Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). Ahí se abordaron los temas más polémicos del sector de las telecomunicaciones y los más apremiantes del sector de TI, como la licitación del espectro de la banda de frecuencias de 700 MHz, el rescate de la banda de 2.5 GHz (de MVS), las acciones regulatorias que ha emprendido la Cofetel y el papel de la SCT en dotar de conectividad a más mexicanos. No obstante, fue la participación de Ildefonso Guajardo, vicecoordinador de Política Económica del Equipo de Transición, una de las que mayor expectativa convocó. Ahí habló de los retos económicos para el futuro, principalmente en temas de infraestructura y competencia económica.
Sin embargo, lo más revelador de cómo se estará abordando la problemática de este controversial sector es que se mencionó que existen tres temas que serán abordados directamente por la oficina del Presidente electo: las telecomunicaciones, la seguridad social y la seguridad pública. Esto ha sido confirmado en al menos uno de los casos, con el tema de seguridad pública, por la reciente reunión que tuvo el Presidente electo y su equipo con el presidente Calderón en Los Pinos. Debido a su alto perfil, no es descabellado pensar que estos tres temas son delicados y merecen mayor atención, ya sea porque son socialmente explosivos (seguridad pública y seguridad social) o porque tienen un componente de competencia económica (telecomunicaciones).
En el área de telecomunicaciones, deberá entonces estudiarse cómo se abordan los problemas con mayor claridad. Lo más apremiante es que se tomen definiciones en el corto plazo, y contundentes, algo que el gobierno de Calderón poco pudo hacer. En ello habrá que separar política pública de telecomunicaciones (en específico de banda ancha) de la regulación de su mercado. Será necesario dotar de mayores facultades y autonomía a órganos reguladores como la Cofetel y la Cofeco, y crear tribunales especializados, pero también redefinir al más alto nivel de la administración pública el ente que diseñe y ejecute exclusivamente las políticas públicas para temas como conectividad social y gobierno electrónico, bases de una agenda digital
