Javier Tejado Dondé | El Universal | 22 de Septiembre 2015
Un continuo chantaje de los partidos hacia los medios de comunicación y cambios en las reglas electorales para ellos, acotan de sobre manera la libertad de expresión. Incluso, al extremo de que los medios prueben su inocencia.
Penoso fue entrar el museo más grande del mundo dedicado a la libertad de expresión, el NewsMuseum en Washington DC, y encontrar en un inmenso mural que México está catalogado —y marcado en rojo— como un país en donde no existe libertad de prensa. Estamos en la indecorosa lista junto con China, Rusia, Corea del Norte, todo el Medio Oriente, así como Cuba y Venezuela de América.
Estamos en esta categoría por los riesgos que implica hacer periodismo en México y las limitantes que los medios de comunicación enfrentan.
A unos metros de ahí está la Organización de Estados Americanos (OEA), donde está a disposición del público visitante, el Informe que la Misión Electoral dio —el 2 de septiembre pasado— al Consejo Permanente respecto a las pasadas elecciones del 7 de julio en México. Este reporte, liderado por la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también da cuenta de lo acotado que está la libertad de expresión en procesos electorales.
En su página 6 señala que se “advierte del riesgo de restringir los espacios de expresión necesarios para la conducción de debate político intenso, dinámico y democrático. Durante los múltiples diálogos sostenidos en el curso de (esta) Misión, se recibieron reclamos generalizados sobre distintas disposiciones relativas al modelo de comunicación política implementado en la elección. Se tomó nota del temor de reporteros a ser sancionados —tanto al medio para que trabajan como a nivel personal— en caso de cubrir eventos noticiosos que involuntariamente favorezcan o desfavorezcan a algún candidato”. El informe concluye diciendo que “el modelo actual de comunicación no parece propiciar un debate político de calidad y genera fricciones constantes entere los actores del proceso electoral”.
Como muestras de lo que señala la OEA están: I) el caso de TV Azteca, donde le quisieron ordenar, luego de una queja del PAN, cómo hacer sus reportajes; II) el caso de Televisa, donde fue sujeta a proceso, luego de una denuncia del PRI, por haber transmitido un antiguo partido de futbol en donde Cuauhtémoc Blanco metía un gol (apareciendo en sólo 4% de la transmisión); III) el caso de toda la radio y TV en Jalisco que fue acusada por el PRI de favorecer a Movimiento Ciudadano y tuvieron que probar su inocencia; IV) el caso de Radio Metrópoli de Jalisco, a la que se sancionó por la emisión y difusión de un debate entre los tres principales candidatos a la alcaldía de Guadalajara (pues se debió invitar a todos los candidatos); y V) el caso del PRD pautando miles de spots para intimidar a un periodista.
En síntesis, un continuo chantaje de los partidos hacia los medios de comunicación y un constante cambio en las reglas electorales para los medios, acotan de sobre manera la libertad de expresión. Incluso llegando al extremo de que los medios tienen que probar su inocencia. Y no, como debiera ser, que los partidos prueben sus acusaciones.
Así que toda la clase política —gobierno, partidos, autoridades electorales— es corresponsable de restringir la libertad de expresión, pero los medios tampoco han podido defender a cabalidad, ya sea por cooptación o por miedo a las represalias.
Es ya momento de ampliar libertades, no de restringirlas. El crecimiento vertiginoso de otras formas de comunicación, como las redes sociales y la televisión bajo demanda en las que no se requiere de una graciosa concesión del gobierno para transmitir contenidos, obligan a revisar nuestro marco de comunicación política-electoral.
Las críticas están a la vista. Ojalá exista altura de miras de la clase política para mejorar el contexto en el que trabaja la prensa en nuestro país y cómo se cubren las campañas electorales. La semana entrante, una importante delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará en México, donde el tema de la libertad de expresión será parte importante de su visita.
MVS y los (penosos) Tribunales: Curioso cómo el primer tribunal especializado en materia de telecomunicaciones permitió a MVS quedarse con 60 MHz de una parte de la banda de 2.5 GHz. De hecho, se quedó con la mejor parte. Y digo “curioso” pues los que habían buscado el amparo (Cablevisión) se quejaban de que la SCT había refrendado las concesiones de MVS, pese a no tener ya ninguna facultad en materia de telecomunicaciones. Esto porque ya se había creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), llevándose consigo todas las facultades de la SCT en materia de telecomunicaciones.
Pero los tribunales, una vez más, dan la razón a la autoridad a pesar de lo irregular de las decisiones. Y para no variar, como ha expuesto la Barra de Abogados (BMA), los juzgados especializados en telecomunicaciones y competencia no entran al fondo de los temas.
Pero este caso de MVS es delicado, pues los magistrados terminan diciendo que cualquier autoridad podría haber dado el refrendo de la concesión a MVS, aunque dicha autoridad ya no contara con facultades para ello. Es tan burda la lógica judicial que la Secretaría de Turismo pudo haberle dado a MVS su refrendo e igual los tribunales hubieran sobreseído por “falta de interés legítimo”.
Este es un fallo inaudito más allá de si MVS tenía o no la razón en quedarse con parte del espectro. No en vano los seguidores de la periodista despedida de MVS, Carmen Aristegui, salieron el pasado viernes con el argumento que este fallo había sido un pago al corporativo por despedirla. No había ninguna necesidad de haber hecho esto por parte de la SCT, ni de los tribunales.
Pudieron sencillamente haber ordenado que el acto del refrendo de la concesión se hiciera por quien sí tiene facultades para ello: el IFETEL. Pero se ve que les urgía salir de este tema. Ahora, este asunto será parte del ‘complot’ en torno al despido de la periodista. Y, una vez más, se ponen en duda las decisiones de la SCT, del IFETEL e incluso la autonomía de los tribunales especializados, con la agravante de que ahora se mezclan delicados temas de libertad de expresión.