Eduardo Ruiz Vega | La Razón | 26 de Octubre 2015
Un nuevo debate, formal y legislativo, inició la semana pasada en torno a la culminación del proceso conocido como la transición de la televisión analógica de señal abierta y gratuita, hacia la televisión digital terrestre o TDT.
Este proceso es natural por la mejora tecnológica e inició en nuestro país desde hace más de una década, en el año 2004. La transición de la televisión tradicional, de formato analógico, a la televisión digital con calidad mayor, de alta definición, culmina con el acto conocido como el “apagón analógico”, que es el momento en que cesan las transmisiones analógicas que por décadas ha recibido la población mexicana, para quedar como única alternativa para la recepción de contenidos radiodifundidos gratuitos las señales digitales de mayor calidad, recibidas a través de dispositivos idóneos para ello.
Las políticas para el tránsito entre ambas tecnologías se han ajustado a lo largo de los años. En un inicio, la transición se planteó como un proceso gradual, estructurado a lo largo de seis periodos trianuales consecutivos, programados para concluir hacia finales del 2021. Bajo la premisa de la política original, la adopción por parte de la población de los aparatos con capacidad de recibir señales digitales se habría de dar en forma natural, ante la obsolecencia que en el mercado comercial presentaría la venta de aparatos analógicos.
No obstante lo anterior, durante la administración del Presidente Felipe Calderón se determinó necesario adelantar el apagón analógico al último día del presente año. En un inicio, el planteamiento de las autoridades consistió en que la fijación de esta fecha cierta y fatal operaría como un catalizador natural para acelerar el proceso en su conjunto. El inicio de transmisiones digitales en todo el país habría de adelantarse y con ello la adopción de la tecnología por parte de los televidentes.
La modificación a la Política TDT, efectuada por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones en el 2012, establecía la pertinencia de establecer una métrica confiable para determinar el grado de penetración de la tecnología digital entre la población. Así, el acuerdo señalaba que “La Comisión, escuchando las recomendaciones que haga el Comité, se coordinará con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o, en su defecto, con una entidad confiable y reconocida, para realizar mediciones de la penetración de la TDT en la población. Los resultados formarán parte de los reportes semestrales de seguimiento del proceso”. Detrás de esta medida se planteó garantizar un acceso real por parte de al menos el 90 por ciento de la población de una zona de cobertura antes de proceder al apagón analógico.
Con la reforma a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones y su legislación secundaria, las reglas volvieron a cambiar. La determinación para apagar la señal analógica en una zona de cobertura se basa en el cumplimiento de un programa de reparto de televisores digitales a la población de escasos recursos, de acuerdo con un padrón elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social y ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los datos arrojados hasta el momento por el nuevo proceso, han generado discusión y reflexión legislativa. Dos iniciativas, una del PAN y otra del PRD, han planteado diferir el plazo establecido en el decreto de reformas constitucionales 12 y 6 meses, respectivamente. Habrá que observar con detalle el desarrollo de este debate en los próximos días.