El pasado 30 de junio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) adjudicó a favor de la firma Hogan Lovells BSTL, SC —en consorcio con Entuizer y Analysys Mason Limited— un contrato por 58.6 millones de pesos para la prestación de servicios especializados para auxiliarle en todos los procedimientos de supervisión y verificación del cumplimiento de las medidas de regulación asimétrica impuestos por el propio pleno del IFT a Telcel/Telmex, en su calidad de Agente Económico Preponderante en el sector de las telecomunicaciones.
Contar con un auditor, externo e independiente, que auxiliara al IFT para llevar a cabo esa verificación es algo que la Ley Federal de Telecomunicaciones contempla de manera expresa desde 2014, además de que se esperaba con ansiedad por parte de toda la competencia de América Móvil, a efecto de asegurar que las medidas asimétricas que se le han dictado acaben de funcionar.
Sin embargo, la sorpresa la reveló el viernes de la semana pasada la gaceta especializada en temas de telecomunicaciones, Hoy en Telecom, a cargo de Arnulfo Aguilar, al señalar que el despacho contratado por el IFT (Hogan Lovells BSTL) para supervisar a Telcel/Telmex, era el “mismo despacho de abogados que impugnó las resoluciones (anteriores) del regulador contra Telcel/Telmex”. Así, regulador y regulado compartirían al mismo despacho para supervisar regulación y… ¡para combatirla! Vaya posición ventajosa para el despacho y vaya suerte para el regulado. Asimismo, vaya potencial problema para el IFT.
Luego de revisar el asunto, éste se vuelve aún más complejo: primero porque en la industria se señala que la contratación de Hogan Lovells BSTL pareció ser una licitación dirigida, toda vez que tres de los despachos invitados a la licitación quedaron descalificados.
Y, segundo, y más relevante, porque el otro despacho asociado con Hogan Lovells, el de Analysys Mason, tendría un abierto conflicto de interés, pues participa contratado como perito experto por la filial de Telcel en Colombia en un proceso jurisdiccional ante los tribunales colombianos. Esto, asentado en el expediente 4519 del proceso arbitral de la Nación contra Colombia Telecomunicaciones, Telefónica Movistar y Comunicación Celular. Así, el consorcio que debe de auxiliar en la supervisión de Telcel/Telmex resulta que también trabajó y trabaja para ellos, con lo que parece ser se estaría dando un ménage à trois entre regulado, regulador y los despachos que ambos contrataron.
La pregunta obligada es: ¿el IFT sabía de estos potenciales conflictos de interés?
El regulador, tratando de prever este escenario, sí estipuló en sus bases de licitación que todos los participantes deberían firmar una “Declaratoria de No Conflicto de Interés”, esto es, que ninguna de las empresas postulantes para trabajar con el IFT, tuviera relación de asesoría o gestión con el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones, pero al parecer hasta ahora el instituto no ha detectado riesgo alguno. Incluso el IFT tiene declaración jurada que el consorcio contratado ya no trabaja para ninguna empresa vinculada a Telcel/Telmex. Pero esta no sería la primera vez que participantes en sus procesos de licitación tratan de engañar al regulador y que éste no supervisa adecuadamente los requisitos que pone en sus propias bases.
Además, la coyuntura no podría ser más delicada para el IFT pues esto se da justo en el momento en que está por resolverse el mayor litigio en el sector —luego de la reforma en telecomunicaciones de 2013— en el que, si bien formalmente lo que discutirá la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la legalidad de la fórmula de interconexión que estableció el Congreso de la Unión, en realidad lo que se está discutiendo es que no sea el Congreso, ni el Presidente de la República los que mediante leyes establezcan medidas que regulen al sector, sino que sea en su totalidad facultad exclusiva del IFT.
Esto, cuando hay cuestionamientos crecientes de que el IFT ha sido laxo en la regulación de Telcel/Telmex, mismos que incluso de manera aislada han hecho algunos comisionados del pleno del IFT.
No obstante, una mayoría de comisionados, encabezados por su presidente Gabriel Contreras, señalan que sí están regulando estrictamente a Telcel/Telmex pues han ordenado una separación funcional y que las medidas que han hecho, han disminuido su participación de mercado en los distintos servicios del sector.
Con todo ello, sí valdría la pena que aclararan las serias dudas que hay respecto a la contratación del auditor externo para supervisar al Agente Económico Preponderante.
Cambiando de tema…
Decisiones que “fortalecen” a veces destruyen: en el tema de la tarifa de Interconexión Cero, lo políticamente relevante es que una decisión de la SCJN a favor de Telcel/Telmex —más allá del impacto económico a empresas y a consumidores— sería una probable sentencia de muerte para el IFT. Si de por sí en ningún país del mundo existe un órgano regulador en telecomunicaciones y radiodifusión que sea ajeno al Poder Ejecutivo de sus
respectivos países —como aquí lo es el instituto— el que ahora la Corte diga que la mayoría del Congreso de la Unión, junto con el Presidente de la República en turno, no pueden, vía ley, regular al sector más dinámico en la economía y más relevante por lo mediático, hará que quien sea el siguiente Presidente (2018) tenga gran interés por desmontarlo o tomar su control.
Para no irnos a otros países, basta con ver lo que pasó en México en 2010: la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hicieron una operación política-penal para sacar a Héctor Osuna de la presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a pesar de tener autonomía técnica y de gestión. En su lugar pusieron al entonces jefe de asesores de la SCT y eso que eran del mismo partido (PAN), pero no del mismo equipo. ¿El siguiente Presidente va a tolerar un órgano autónomo prácticamente sin contrapesos y que no le haga caso ni a él ni al Congreso de la Unión? Pudiera ser, y hablaría bien de nuestro respeto por las instituciones, pero se ve complicado que esto suceda en nuestro régimen presidencialista.