2018-11-22
En la configuración actual del sector de la radiodifusión encontramos a los medios privados o comerciales, los medios oficiales del Estado, así como a los medios públicos y comunitarios. Estos últimos con una función marcadamente social al promover y dar espacio a la pluralidad de ideas y a la libertad de expresión, con una clara vocación cultural y educativa.
Es importante reconocer y distinguir la coexistencia de dos componentes de operación en este sector de contenidos televisivos y radiofónicos, el de mercado y el de política pública. El primero de los componentes opera con base en las condiciones y leyes propias del mercado, y se ubican ahí los medios cuya operación resulta en una pluralidad de ofertas de contenidos en pleno ejercicio de poder y respeto a la elección libre del consumidor sobre éstas. En efecto, el mercado puede y hace mucho por llevar contenidos diversos a las audiencias mexicanas, pero no puede y debe hacer todo.
Es ahí donde cobran importancia los medios públicos y comunitarios por sus actividades y contenidos educativos y culturales que por sus características de operación podrían no ser viables económicamente, pero que resultan socialmente necesarios y deseables. Estos forman parte del componente de política pública de radiodifusión.
Nadie objetaría que por su importancia social, la generación y la divulgación de estos contenidos debe ser fomentada y plenamente apoyada. Pero a la vez, deben ser diferenciados de los medios oficiales.
Esta es y debería seguir siendo la labor del Estado y de la política pública sobre la radiodifusión mexicana, apoyar y promover la existencia de medios públicos.
No obstante, en un franco desvarío de anacronismo, se aprobaron en la Cámara de Diputados varias modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), entre las que destaca aquella que determina que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.
Actualmente, de acuerdo con la LOAPF en su artículo 27 fracción XXXIX, corresponde a la SEGOB, “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal”, muy distinto a una función interventora en la radiodifusión pública.
Asimismo, desde la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, se establecieron provisiones para que los medios públicos, financiados en lo principal por recursos públicos, tuvieran independencia editorial, autonomía en su gestión presupuestal, pluralidad en la provisión de sus contenidos, entre otras potestades.
Es deseable que bajo un ecosistema cada vez más diverso de voces, plataformas y canales de contenidos, el Estado y los gobiernos dejen atrás la tentación de intervenir la labor democrática y de pleno ejercicio de la libertad de expresión en los medios públicos y privados.
Hoy la preocupación debería ser la actualización tecnológica y de la política pública y regulatoria a las nuevas tendencias de provisión de contenidos a las audiencias. Un ejemplo en línea con ello es la reciente incursión de Radio Educación a FM, así como también a diversas plataformas digitales con alternativas a la carta, que resultan en una oferta multiplataforma y convergente de contenidos radiofónicos desde la radio de la esfera de medios públicos.
Más que regresar en el tiempo y revertir los avances en el sector de la radiodifusión en México, es menester la evolución y actualización tecnológica y de política pública y regulatoria, para detonar eficiencias que se traduzcan en un acceso más diverso e incluyente a contenidos audiovisuales.
Va de por medio la libertad de expresión y la pluralidad de voces, que por supuesto, no son temas menores en importancia parta la vida nacional.
