Federico González Luna
El Financiero
Los asuntos relacionados con el Pacto por México han seguido dominando la agenda de las telecomunicaciones.
Si bien aún no se conoce una versión final de los textos de reforma constitucional, existen rumores o filtraciones que hacen pensar que se lograrán avances importantes pero también retrocesos preocupantes.
Se ha dicho que la iniciativa prohibirá que los jueces otorguen la suspensión definitiva en los juicios de amparo en materia de telecomunicaciones. La disposición se plantearía en un sentido amplísimo y comprendería cualquier acto de autoridad, independientemente de si se trata de una ley, un reglamento, una disposición de carácter general y, aun, de cualquier acto concreto de aplicación de la ley, el que sea. La medida involucra a los servicios fijos y móviles (telefonía, Internet, datos), televisión de paga, radio y televisión abierta, trunking, radiocomunicación privada y satélites. Toda la industria de las telecomunicaciones.
De suscitarse esta reforma se tendría un régimen de excepción en perjuicio del sector, régimen al que no está sujeta ninguna otra actividad económica ni concesionaria, llámense minas, aeropuertos, carreteras, aviación, etcétera, lo que implicaría un rompimiento de cualquier equilibrio en las relaciones entre el Estado y los particulares; entre quien concede la concesión y el concesionario.
La medida implica que cualquier decisión del Estado, sea buena o mal, legal o ilegal, razonada y razonable o no, aNAvasLÚSL casi sin freno alguno, pasando por encima de cualquier medida de defensa efectiva por parte de los particulares. Hace unas cuantas semanas fue aprobada por la Cámara de Diputados la Minuta de una nueva Ley de Amparo, en la cual se estableció que cuando “Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo” no procedería la suspensión definitiva en los juicios de amparo. Ahora se pretendería que esta medida se llevará al extremo máximo, al preverse, sin límite alguno, que simplemente no procedería la suspensión para los concesionarios de esta industria, ya sea que se trate de personas físicas o morales, de micro, pequeñas, medianas o grandes empresas.
A pesar de la alta litigiosidad del sector, nada explica ni justifica llevar las cosas a escenarios en que los particulares queden sin defensa eficaz alguna contra actos que pueden llegar a ser arbitrarios.
La industria de las telecomunicaciones no merece tal tratamiento; se han venido realizando inversiones por miles de millones de dólares anuales y en el futuro se requerirá incrementar esos niveles. Si ha habido un exceso de litigio, quizás ello deviene más de la debilidad institucional del órgano regulador que de un sistema de defensa que en su totalidad requiera ser demolido.
Tratándose de las telecomunicaciones subyacen dos aspectos particularmente preocupantes: por un lado, el hecho de que en buena parte de esta industria -en radio y televisión abiertas, en televisión de paga y en los contenidos que se transmiten en Internet- su funcionamiento se basa en el ejercicio de la libertad de expresión, la cual difícilmente quedaría salvaguardada ante cualquier decisión del Estado y por perniciosos que sean sus efectos, no podría suspenderse.
Un segundo aspecto se relaciona con el positivo planteamiento de políticas públicas en el sentido de que, como pocas veces en el pasado, las telecomunicaciones sean en el corto, mediano y largo plazos un instrumento transformador del país. Esta industria es intensiva en capital y nuevas tecnologías.
¿Cómo incentivarlas con este tipo de medidas?, ¿seguirán otras industrias?
Hemos visto que la mayor parte de quienes están a cargo de la redacción de las iniciativas derivadas del Pacto por México están realmente comprometidos con la modernización del país, la cual, evidentemente, no pasa por la supresión de los derechos humanos. Debe seguir prevaleciendo la razón, la justicia y la utilidad de instituciones fundamentales de nuestro derecho, como lo es el amparo. Hay que contener a los radicales.