Vía El economista.
Uno de los mayores errores de la administración de López Obrador (y mire que hay muchos de donde escoger) es haber desmantelado o pretender desmantelar las reformas estructurales aprobadas al inicio del sexenio del expresidente Peña Nieto al amparo del Pacto por México: educación, energía, telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, entre otras. Todas ellas pretendían impulsar la competitividad del país a través de la educación, la inversión y la competencia efectiva en sectores tradicionalmente muy concentrados.
Después de la barbaridad de inundar lo que habría de ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, con el daño patrimonial que esto representa, la administración obradorista abrogó la reforma educativa para volver a entregar el futuro de los niños a las veleidades políticas de los sindicatos magisteriales. Al presidente López Obrador le importa garantizar su voto corporativo para que él mismo o sus allegados puedan mantenerse en el poder más allá del 2024, y le tienen sin cuidado la educación y capacitación de los niños de México para competir en un mundo cada vez más integrado, en el que los mexicanos ya no sólo competiremos entre nosotros sino con los chinos, los indios, los coreanos, los brasileños o los colombianos. Con el modelo retrógrado reinstaurado por López Obrador, maestros ignorantes y desconocedores del mundo educarán generaciones de mexicanos ignorantes y dependientes de las dádivas clientelares del gobierno.
La contrarreforma en energía pretende que los monopolios del Estado (Pemex y CFE) se conviertan en reguladores de sí mismos y de la limitada participación que la iniciativa privada podrá tener. Esto implicaría una flagrante violación al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en muchas de sus disposiciones, como son: igualdad de trato, compras de gobierno, reguladores independientes, expropiación equiparada, etc. Todo el argumento de la administración obradorista se cuelga de un pequeño párrafo del T-MEC que dice que México conservará su soberanía en este sector. Para variar, el provincianismo de los burócratas del obradorato nos pondrá en un aprieto con nuestros principales socios comerciales y las locomotoras de nuestra economía. Para los Estados Unidos y Canadá, la soberanía de México implica la libertad de autogobernarse sin injerencias externas, pero siempre cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Para el gobierno del trapiche y las tlayudas, soberanía es igual a monopolio estatal. Para éste, la simple mención de la palabra soberanía implica el derecho de expropiar sin indemnización. Como puede ver, el mismo texto se lee de manera muy distinta si uno se quita las taras ideológicas de la cabeza.
Por su parte, las reformas en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica pretenden ser eliminadas por la vía de la inanición, tanto presupuestal como de capacidad de gestión. Ya sabemos que López Obrador aborrece todo aquello que no se someta a su voluntad, y éste es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órganos constitucionales autónomos que fueron expresamente diseñados para que su actuación sea estrictamente técnica, al margen de los vaivenes e intereses políticos. El mecanismo de selección de comisionados ha probado su fortaleza ante un gobierno que pretende avasallar. Para poder ser comisionado se debe aprobar un riguroso examen elaborado por el Banco de México y el INEGI, ser propuesto por el presidente y ratificado por dos terceras partes del Senado. Al no contar con el voto incondicional de las dos terceras partes del Senado, López Obrador se vería en la necesidad de negociar con la oposición, algo que le irrita en extremo, pero, sobre todo, le impide colocar a sus 90% leales y 10% capaces. Por eso, tanto el IFT como la Cofece tienen hoy sólo cuatro comisionados de los siete que establece la Constitución, y no tienen presidentes debidamente designados por el Senado. Esta situación los hace ya inoperantes para atender muchos de los asuntos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica y para los cuales se requiere un quórum de al menos cinco comisionados.
López Obrador tiene muy claro lo que quiere destruir, lo que aún nadie entiende es qué demonios es lo que pretende construir. Me parece que ni él lo sabe.
Escrito por G.Soria, presidente del IDET @gsoriag
