2020.04.28
Vía El Economista
El decreto sobre las medidas de austeridad que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, expidió la semana pasada y la correspondiente iniciativa que remitió a la Cámara de Diputados, por un lado, y la descalificación del acuerdo sobre un esquema de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas que anunciaron el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el domingo, por otro lado, son claros ejemplos que permiten entender por qué la economía mexicana fue soprendida en estado francamente anémico por la llegada de la pandemia provocada por el Covid-19.
En el primer caso, estamos frente a un lance que exhibe con nitidez un claro desprecio por el rigor para construir las normas con las que se pretende regir la actuación del Poder Ejecutivo. De la misma manera que lo señaló Paul Krugman en uno de sus más recientes artículos en el New York Times, al analizar la forma de conducirse de la administración de Donald Trump, en la administración del presidente López Obrador no existe un claro proceso de diseño de las políticas públicas, se actúa o se resuelve más con base en la visión personal del presidente sobre políticas instrumentadas en el pasado, que sobre un proceso formal que con base en un método riguroso tome en cuenta lo que se demostró que estuvo bien hecho y deseche lo que se haya demostrado que no estuvo bien diseñado, pero también valore lo que quizás estaba bien diseñado, pero fue mal instrumentado.
Adicionalmente a la ausencia de procesos formales, instrumentos como el decreto en materia de medidas de austeridad, envía una señal muy clara: la actual administración pondrá en marcha cualquier ocurrencia que considere oportuna según la ocasión, la disfrazará de instrumento legal, aunque sea evidente que se aparta de los principios previstos en la Constitución o que incluso pudiera considerarse como antidemocrática bajo los propios estándares que quienes hoy gobiernan utilizaban cuando no estaban en el poder. Lo anterior se traduce en incertidumbre para cualquier inversionista, y en consecuencia, se traduce en menores niveles de inversión, lo que a su vez se refleja en un menor ritmo de la actividad económica, o mejor dicho, en una menor tasa de crecimiento del Producto interno bruto, que como ya sabemos, en el 2019 fue incluso una tasa negativa.
La iniciativa que complementó el decreto, cuya inminente presentación estaba anunciada de manera sui géneris en su artículo segundo transitorio, es otro ejemplo de cómo, sin menor pudor, al menos un sector de la administración piensa que es momento de desarmar parte del andamiaje de contrapeso que existe para que el Ejecutivo no tome decisiones arbitrarias sobre cómo usar el dinero que proviene de los contribuyentes. Nuevamente, intenciones como ésta generan incertidumbre, además de acrecentar la percepción de que más adelante habrá nuevas medidas con el mismo sello.
Por último, la descalificación que hizo ayer del anuncio del CMN y el BID Invest no sólo provoca desconcierto entre inversionistas, sino también en organismos internacionales. Significa una clara señal de que al gobierno no sólo no le interesará esfuerzo alguno que se haya construido sin su participación directa, sino que de ser necesario, lo descarrilará. En síntesis, todo apunta en una misma direccción: más incertidumbre para los agentes económicos privados, menos incentivos para la inversión; en consecuencia, una mucho más lenta recuperación.