Al escuchar la explicación que el presidente López Obrador dio el viernes pasado sobre el proyecto de su gobierno para crear la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, me surgieron nuevas dudas sobre el verdadero dimensionamiento que se pretende darle a esa poco reflexionada idea de garantizar conectividad en todo el territorio nacional, aunque se trate zonas como desiertos, lagunas o incluso mares, que forman parte del concepto de territorio nacional.
Digo que me surgieron aún más dudas porque en primer lugar, el presidente reveló que CFE Telecom e Internet para Todos ofrecerá el servicio de telefonía móvil, en adición a los servicios de telecomunicaciones fijas, como la banda ancha fija. La mención de la telefonía móvil como parte de la gama de servicios que esta nueva empresa ofrecería significa un dimensionamiento completamente diferente respecto de la infraestructura con la que operará este ente público, porque por principio de cuentas, implica la instalación de radiobases en zonas donde hoy no existen. Así que al desafío que implica desplegar lo que se conoce como la última milla, en el caso de la red de CFE desde su red de fibra óptica, hasta los hogares de las personas en esas localidades que hoy no tienen servicio, hay que agregar el desafío de contar con las bandas de frecuencias idóneas para el servicio móvil y la necesaria infraestructura de radiobases para que la gente pueda recibir señal en sus dispositivos móviles. Ello tiene implicaciones de gran importancia en el costo del despliegue de la infraestructura requerida, así como en el de su operación. Así que la primera duda es si realmente tienen idea de lo que están hablando.
La segunda duda surge al hablar de las bandas de frecuencias que tendría que recibir esta empresa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Lo anterior es muy relevante, en virtud del decreto de creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que destaca que “tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e Internet”. Esto significa, que es altamente probable que la nueva empresa no haya solicitado una concesión de uso comercial y que en realidad, se pretenda que obtenga una concesión de uso público, figura que fue incluida en la ley para casos de entes públicos que requieren operar redes de telecomunicaciones para sus propios fines, como podría ser el caso de Pemex, para que pueda operar una red de microondas para comunicar sus distintos centros de trabajo o mantener comunicación con su flota de pipas para transporte de gasolina, por citar algunos ejemplos.
La pregunta de fondo para el IFT entonces es ¿qué banda de frecuencias del espectro radioeléctrico le asignaría de manera directa a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos? ¿Por qué esa banda? La tercera duda, que surge en automático, tiene que ver con el otro proyecto en el que el gobierno federal es socio, la red pública compartida que se le concesionó a Altan.
Por otra parte, de lo expresado por el presidente López Obrador surge una cuarta duda, no menos importante. En la mañanera del viernes, al referirse a lo que se cobrará por el servicio, dijo que “lo que se va a cobrar es solamente el gasto de operación”. Para nadie es un secreto que los costos de operación de empresas como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos siempre serán más altos que si el servicio fuera provisto por un ente privado, entre otras razones, porque su lógica de inversión y operativa no necesariamente está enfocada a minimizar costos. Cobrar solamente el gasto de operación puede significar que los usuarios de CFE terminen pagando mucho más que lo que paga un usuario en las ciudades. ¿De verdad ya le dieron una pensada seria al tema?
