En los últimos días, agencias de noticias, ONG y blogueros que se dicen expertos en telecomunicaciones pero que jamás han representado clientes del sector para obtener concesiones, participar en licitaciones, resolver desacuerdos de interconexión o realizar auditorías legales para la adquisición o fusión de empresas de telecomunicaciones, han inundado lo medios afines a Carlos Slim con argumentos superficiales para justificar que la Suprema Corte, de un plumazo, elimine toda la regulación asimétrica establecida por el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pontificando desde la ignorancia, hablando como representantes del pueblo, pero cobrándole al hombre que detenta 6% del Producto Interno Bruto del país, pretenden hacernos creer que el poder legislativo no puede legislar y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está subordinado a la ley.
Ninguno de ellos es reconocido como experto en telecomunicaciones, medios o tecnologías de la información por las principales publicaciones que investigan el ranking de abogados y profesionistas en el mundo. Con profundo orgullo, en el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, por el contrario, tenemos varios miembros identificados por dichas publicaciones como los mejores y más respetados del país. Pero más allá del ruido mediático, vayamos al fondo del asunto. En el 2014, Telcel interpuso una demanda de amparo indirecto ante el Segundo Juzgado de Distrito Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica. El 18 de febrero del 2015 la juez emitió sentencia negando el amparo. Los argumentos del caso son:
Telcel: el Congreso invadió la esfera de facultades del IFT, porque el IFT tiene la facultad exclusiva de imponer medidas asimétricas. Juez: no hay invasión de facultades, porque el Congreso tiene la facultad de dictar leyes en materia de telecomunicaciones, y para fijar las modalidades y condiciones para asegurar la eficacia en la prestación de servicios públicos. También hizo referencia al artículo 28 de la Constitución, en donde se señala que la actividad del IFT está subordinada a los términos que fijen las leyes.
Telcel: La tarifa cero es una medida desproporcionada e injustificada que trastoca el equilibrio patrimonial y financiero de la concesión, porque se le impide obtener los costos reales en que incurre para la terminación de tráfico. Juez: no es una medida injustificada, pues al implementarla el Congreso tomó en cuenta la realidad sobre el nivel de concentración del sector y el Congreso motivó reforzadamente la medida.
Telcel: la tarifa cero viola la libertad de comercio de Telcel, porque no le permite cobrar por sus servicios. Juez: (lo anterior) no es fundado, porque solamente le limitaron el cobro de ciertos servicios, pero puede cobrar por muchas otras cosas. De hecho, el servicio público se presta al usuario y la interconexión no es para hacer negocio de sus competidores.
Telcel: la tarifa cero se equipara a la expropiación indirecta, porque no le permite a Telcel obtener los frutos de sus bienes. Juez: el Estado conserva la propiedad originaria sobre el espectro y sobre los servicios. Además, Telcel puede usar sus bienes para cobrar muchos otros conceptos, así que no es una expropiación.
Telcel: la medida provocará que las tarifas a usuarios suban. Juez: la medida busca la competencia efectiva y, de hecho, las tarifas han bajado sustancialmente.
Telcel: es una ley privativa, porque va dirigida específicamente a esa empresa. Juez: no es una ley privativa porque va dirigida a quien llegue a ser preponderante, sin decir un nombre en específico. Además, la ley no se extingue al aplicarla a Telcel. En el futuro se va a aplicar a cualquiera que sea preponderante.
Contra la sentencia se interpusieron varios recursos de revisión, de los cuales por lo menos tres están en espera de sentencia por parte de la Suprema Corte. Esos son los argumentos, juzgue usted quién tiene la razón. En mi opinión, lo que busca Telcel es eliminar toda la regulación asimétrica establecida en la ley, para que sea el IFT el único facultado para imponerle dicha regulación. Evidentemente, es más fácil capturar a siete personas que a 500 diputados, 128 senadores y el presidente de la República. El fondo del asunto es revertir la reforma de telecomunicaciones, cuyos resultados fueron celebrados en Los Pinos apenas la semana pasada.