Federico González Luna Bueno/ El Financiero
Uno de los temas que mayor impacto causará en el sector de las telecomunicaciones se relaciona con la forma en que tanto las autoridades como los operadores deberán visualizar la administración y el acceso a la información que generan. Cambios que den mayor luz a lo que ocurre en el sector.
Todo parte de la propia Constitución, que en su artículo 28 establece que las leyes promoverán la transparencia gubernamental para el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) bajo principios de gobierno digital y datos abiertos. Se trata de un par de principios novedosos en nuestro derecho que buscan contribuir a romper la opacidad en la actuación gubernamental, sin dejar de lado los quehaceres privados.
Los dos principios van de la mano y sin uno será muy difícil que el otro se haga realmente efectivo. El primer principio, el de gobierno digital, implica el compromiso del ente gubernamental para hacer su mayor esfuerzo para que toda la información que se vaya creando o generando sea plasmada y conservada en medios digitales.
De no hacerse así sería imposible la difusión masiva, sistemática e inmediata de la información, pues cada acceso a la información pública sería un asunto específico que requeriría de su propio proceso. Por ello, es indispensable -además de ser un mandato de ley- que toda la información en la medida de la posible sea digital. No digitalizable, sino digital, electrónica desde su creación.
El segundo principio, el de datos abiertos, significa que el mayor cúmulo de información sea disponible al mayor número de personas con la menor complejidad posible.
La combinación de ambos principios, el de gobierno digital y datos abiertos, deberían significar un cambio rotundo respecto del altamente deficiente esquema de transparencia hoy existente, no sólo en el sector telecomunicaciones, sino en general en la actividad gubernamental. Hoy en día, como lo sabe prácticamente cualquier solicitante de información pública, las peticiones son procesadas como caso único, requieren (en el mejor de los casos) días para su atención, además de una burocracia especializada, numerosa y reticente en atender cada solicitud. No existen procesos porque los procesos implican transparencia; no existen métodos porque su ausencia permite la opacidad, el ocultamiento. La secrecía.
Cada día es más numerosa la información reservada y confidencial dentro del quehacer gubernamental y cada día pareciera ser más complejo el acceso a la información pública. De ahí la importancia de que, al menos en las telecomunicaciones, en la Constitución se hayan plasmado los principios de gobierno digital y datos abiertos.
Principios que, para hacerse efectivos, deberán cruzar transversalmente al Ifetel, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los propios operadores. Debemos buscar que los operadores, los usuarios y la ciudadanía en general tengan plena disponibilidad de la información gubernamental, pero también de la que generan los propios operadores. Todos deben aportar información; la reserva de información debe ser la mínima; evitar el abuso recurrente que cada día observamos más, empezando por las propias autoridades.
Que la autoridad conozca a los operadores, que los operadores se conozcan entre sí, y que los usuarios sepan lo que hacen sus autoridades y lo que les ofrecen los operadores. La transparencia debiera ser un principio útil y práctico que recorra todo el sector.
Por lo pronto un plazo ya está corriendo. El artículo octavo transitorio de la reforma constitucional del 11 de junio de este año establece que el Ifetel, para los primeros diez días de marzo próximo, deberá recabar la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones. Aquí será particularmente importante la legislación secundaria en telecomunicaciones como guía que garantice la mayor transparencia bajo los principios de gobierno digital y datos abiertos. Para velar que no nos quedemos cortos.
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