vía El Economista.
En los días recientes ha causado mucho revuelo la noticia sobre el rescate de la empresa Altán Redes por parte del gobierno federal. A grosso modo, sabemos que la banca de desarrollo aportó cerca de 160 millones de dólares en un plan de rescate para sacar a Altán del proceso de concurso mercantil que le había sido admitido en agosto del año pasado. No entraré a los detalles de la operación financiera, porque no es el propósito de este artículo.
Apenas el pasado 17 de mayo escribí en este espacio sobre el fallido modelo de la red compartida, que es el proyecto a cargo de Altán. Mencioné que en un artículo de noviembre de 2016 había advertido que esperaba que, en tres o cuatro años, no se materializara mi temor de que el ganador presionaría al gobierno federal para que le modificara sustancialmente los términos de este ambicioso, pero incierto proyecto. Comenté que eso ya había ocurrido, pues ante los prematuros problemas operativos y financieros, Altán había logrado que el IFT le aprobara dos modificaciones a sus obligaciones de cobertura, siendo el último cambio uno que le permitió mover la obligación de cubrir el territorio donde vive el 92.2% de la población, de enero de 2024 a enero de 2028.
El modelo de negocio de la red compartida, basado en la idea de operar como una red mayorista que le vende servicios o capacidad a otros operadores, que generaría todos los incentivos para que nuevos jugadores, sobre todo regionales, junto con otros operadores, como los fijos ya establecidos, estructuraran ofertas innovadoras que inyectarían un gran impulso a la competencia en el segmento móvil de México, simplemente estaba construido sobre suposiciones alegres, que sobresimplificaban los desafíos de llevar servicios a comunidades alejadas, generalmente con un tamaño de población reducido, y geográficamente diseminadas.
Desde mi punto de vista, el problema no es que el gobierno federal quiera rescatar una empresa como Altán. El problema es que en lugar de revisar por qué está fallando ese modelo y qué correcciones se deberían impulsar, incluso los cambios a la Constitución que resultaran necesarios discutir y en su caso votar, el gobierno decide entrar de lleno a operar una red pública de telecomunicaciones pensando que el problema fue una mala administración, que posiblemente sí haya existido, pero en todo caso, habría sido un factor que exacerbó el problema de fondo.
El gobierno ahora apuesta a utilizar a Altán Redes como un elemento central dentro de su estrategia para llevar Internet a todos los rincones del país, como lo ha prometido el presidente López Obrador, junto con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Por ello, no exagero en decir que ahora el gobierno tiene dos problemas, porque ninguna de las dos empresas ha demostrado tener la capacidad para poder desplegar la infraestructura que se necesita para poder llevar la posibilidad de conectarse a millones de mexicanos que hoy no tienen esa posibilidad.
Porque en el fondo, lo que el gobierno debería estar haciendo es buscar la manera para lograr que millones de hogares que hoy no tienen acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad, lo puedan obtener, a un precio asequible. Ofrecerles conectarse de manera gratuita es un paso intermedio, pero no debería ser el objetivo último del estado mexicano.
Mientras este gobierno siga sin entender cómo funcionan las redes públicas de telecomunicaciones y los aspectos económicos detrás de estas, no habrá manera de que logre cumplir con las metas que prometió a millones de mexicanos. Ya lo he comentado en diversas ocasiones en este espacio, nada ha cambiado aún, salvo que ahora se está comprometiendo dinero de los contribuyentes en un proyecto que es en los hechos un hoyo negro. Así que seguimos enfilados directo al fracaso en materia de la cobertura universal en materia de acceso a Internet.
*El autor es economista.
@GerardoFloresR
