2021.01.12
Vía El Economista
Mucho se ha discutido sobre el plan anunciado por el presidente López Obrador para que el Ejecutivo federal recupere atribuciones que hoy en día tienen asignadas diversos órganos autónomos. Un caso muy relevante es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) creado en 2013 como resultado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones radiodifusión y competencia económica. Por lo que el presidente ha declarado, se infiere que no ha sido debidamente informado por un lado, de los efectos virtuosos o positivos que se han generado en nuestro país como consecuencia de la reforma de telecomunicaciones y la creación de un órgano regulador constitucionalmente autónomo, y por otro que tampoco ha sido debidamente informado sobre la evolución que ha ocurrido a nivel mundial en las últimas dos décadas en la división de tareas en el sector público de una gran cantidad de países, que se ha reorganizado con el propósito de generar un marco que provea reglas claras y con ello certidumbre, una característica que resulta fundamental para la regulación de sectores intensivos en capital como son los sectores basados en infraestructura. Vamos, no es una moda neoliberal.
Como es de esperarse, ante la posibilidad de que prospere la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador, el primero en relamerse los bigotes es el agente preponderante, América Móvil, para quien la idea de que regresemos al modelo regulatorio anterior representa simple y sencillamente un escenario maravilloso. Lo es, porque está demostrado que la regulación pierde efectividad cuando su estructura institucional queda bajo el manto del gobierno en turno, entre otras razones, porque por más honestos que sean los funcionarios, siempre estarán expuestos a los incentivos que se generan en la toma de decisiones al interior de un Poder Ejecutivo, donde el cálculo político se convierte en muchas ocasiones en la variable que más influye en el sentido de una decisión.
Está ampliamente demostrado que bajo el modelo como el que propone el presidente López Obrador, que ya tuvimos, fue cuando mayores costos en bienestar sufrieron los mexicanos, por las altas tarifas que se pagaban, por un lado, como por los millones de mexicanos que derivado de esas tarifas elevadas no podían contratar el servicio. Es evidente que estas cuestiones no se las han explicado bien al presidente.
Por esos incentivos que irremediablemente introducen el cálculo político a las decisiones y ante la presencia de un agente económico de gran poder, como es el que tenemos en el sector telecomunicaciones en México, lo aconsejable, por su efectividad, es contar con una autoridad reguladora autónoma del Poder Ejecutivo, que no esté sujeta a los vaivenes políticos, que cuente con un órgano de decisión cuyos integrantes tengan seguridad legal en el cargo que desempeñan, lo que incluye certeza de un plazo fijo para llevar a cabo sus funciones.
El IFT ha adoptado decisiones de gran importancia que no se podrían haber adoptado bajo el modelo regulatorio que propone la 4T, entre otras razones, por la presión política, financiera e incluso sindical que hubiera desplegado el preponderante, que no ha escatimado esfuerzos para involucrar al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana como instrumento de presión ante decisiones regulatorias que le han incomodado o molestado.
Ahora bien, la propuesta del presidente enfrenta un reto importante, el compromiso asumido por México en la cláusula 18.17 del texto del T-MEC, que contiene específicamente un lenguaje que no deja lugar a dudas: “…el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento…”. Cualquier desviación de este modelo provocará de inmediato la reacción de la inminente titular de la USTR bajo la Administración Biden, Katherine Tai, abogada de amplia experiencia en controversias comerciales, quien gracias al texto que negoció Jesús Seade, puede lograr un resultado favorable para Estados Unidos en un plazo máximo de siete a ocho meses, un riesgo muy elevado para México, sin duda alguna.