2021.08.31
Vía El Economista
El sábado pasado, 28 de agosto, diversos medios reportaron que el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, había expresado algunas reflexiones en torno a la posibilidad de considerar para el armado del presupuesto del sector público los 12,117 millones de dólares que el Banco de México recibió del Fondo Monetario Internacional mediante el instrumento conocido como Derechos Especiales de Giro (DEG). Estas expresiones tuvieron lugar durante su intervención en la reunión plenaria de los diputados de Morena, previo al inicio de los trabajos de la LXV Legislatura.
Al menos tres diarios de circulación nacional reprodujeron exactamente las mismas palabras que habría expresado el secretario Ramírez de la O: “En cuanto al uso de dichos recursos, se está evaluando poder destinarlos al pago de la deuda que tiene las mayores tasas de interés, a la reducción del costo financiero y una parte al presupuesto”. Independientemente de lo que haya estado pensando el secretario sobre cómo estructuraría la operación para disponer de esos recursos, llamó la atención que haya utilizado como colofón de su expresión las palabras “y una parte al presupuesto”, porque más de un incauto se fue con la finta de que, de pronto, a México le cayó un dinerito del cielo que puede ser utilizado sin mayores contratiempos para compromisos presupuestales del actual gobierno, lo que evidentemente no es así.
Las reacciones a las palabras del titular de SHCP orillaron a esa dependencia a tener que enviar aclaraciones a los medios, para puntualizar que “los Derechos Especiales de Giro, que el FMI mandó a México, no se van a incluir en el Presupuesto 2022; es decir, que esos recursos no entrarán como ingreso del Gobierno y tampoco como egreso”. O sea, estábamos frente a un tropiezo mediático generado desde las entrañas de la misma SHCP.
Mientras esto ocurría, en los canales de televisión mexicana y a través de plataformas digitales se difundía un spot del presidente López Obrador, en el contexto de su Tercer Informe de Gobierno, en el que, ubicados en la que se supone es la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente afirma, entre otras cosas: “en esta oficina se recibe, se atiende, a empresarios, a banqueros, pero también, en esta oficina se aprueba el presupuesto para las mayorías, para los pobres, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O tiene esa misión”, pronunciamiento que es complementado por el propio funcionario hacendario quien tímidamente agrega: “estoy aquí para servir al pueblo de México”.
El spot no tendría nada de particular si no es por el descuido de quien armó el guión del mismo, y que el presidente expresa con vehemencia. Descuido porque afirma que en esa oficina se aprueba el presupuesto, lo cual no es cierto. El presupuesto se aprueba en el pleno de la Cámara de Diputados, no muy lejos de ahí. Podría parecer que uno es muy quisquilloso con esas minucias, pero no, como alguna vez dijo con sabiduría don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo.
Es decir, mediante el spot en cuestión, el presidente y su secretario de Hacienda le dicen a los mexicanos que la división de poderes que nos hemos dado y que está fielmente plasmada en la Constitución, no les importa mucho. Aunque la Carta Magna señale claramente que los diputados son quienes aprueban el presupuesto, el presidente se jacta de que se aprueba en una oficina en Palacio Nacional. Sin duda es un terrible descuido que consolida esa idea de que el presidente envía al Congreso de la Unión sus propuestas con la firme instrucción de que no se le mueva ni una coma. Es una descortesía incluso para los diputados de su partido, que no tengo duda pondrán gran empeño y disposición para dialogar con la oposición la aprobación del presupuesto para el 2022.
El resbalón declarativo del secretario ante los diputados y la propaganda del presidente anticipan constantes correcciones a los mensajes que a estas alturas del sexenio lo único que pueden generar es inestabilidad.