Los jueces y el Presidente

La semana pasada fue una de altas y bajas en la relación del presidente de la República,Andrés Manuel López Obrador, y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, con los jueces del país.

En las altas destaca que por primera vez en la historia reciente un titular del Ejecutivo federal hace suya una reforma elaborada desde el Poder Judicial de la Federación (PJF), la firma y envía al Senado de la República para su proceso legislativo. Aceptar una iniciativa de otro, sin moverle una coma, habla de la confianza hacia el otro actor político, misma que quedó probada cuando varios partidos, incluidos los de oposición, y varios académicos hablaron de las bondades del Proyecto de “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial”.

Con ello, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tuvo una buena semana en la opinión publicada y en redes sociales. Lo que fue, además, un contraste respecto a las muchas críticas que recibieron los borradores de varios textos, presuntamente elaborados por la Fiscalía General de la República, también sobre una reforma judicial-penal. Textos que, ante los cuestionamientos al unísono, ya no se presentaron de manera formal al Senado, con lo que hasta ahora la única reforma de justicia en trámite legislativo es la elaborada por el PJF y otros textos aislados presentados por senadores.

Es un cambio de 180 grados, luego de que hace un año ya con Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, la entrada principal de su sede en Pino Suárez estaba tomada por simpatizantes de la 4T, quienes acusaban de corrupción a los ministros de la Corte y prácticamente abogaban por su linchamiento.

Hoy, un año después, no sólo esas manifestaciones ya no existen, sino que el PJF logró que el Ejecutivo federal haga suyas una serie de reformas, preservó los salarios de magistrados y jueces federales, y también que la Ley de Austeridad Republicana dejara intocados los fideicomisos desde donde se pagan los haberes de retiro y los seguros de gastos médicos mayores de los empleados del PJF. Es, de hecho, el único Poder de la Unión que ha logrado sortear para sus funcionarios la crisis laboral que ha estallado en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Esto, en parte, por la protección que desde la Constitución tienen los juzgadores, pero también muestra una gran habilidad por parte del liderazgo de la Corte, pues lo han hecho a la par de otorgar sentencias relevantes contra el Ejecutivo: ahí están los amparos para otorgar medicinas a enfermos atendidos en clínicas federales o la declaración de inconstitucionalidad del salario que se fijó el propio presidente de la República. Y qué decir de que han emplazado al gobierno morenista de Baja California para que demuestra la legalidad de la ley mediante la cual el gobernador amplió su mandato.

Pero también hay puntos bajos en la relación del Ejecutivo con los jueces —locales o federales — luego de las liberaciones de presuntos criminales: Trinidad “N”, el Pelón de Playas, líder de un cártel en Tabasco; Óscar “N”, el Lunares, líder de la Unión Tepito en la CDMX, y Karina “N”, cónyuge del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima en el Bajío. Con ello el Presidente, el fin de semana, recriminó a los jueces por no vincularlos a proceso penal por “fallas menores” de ministerios públicos y de la policía.

Dada la poca información disponible y lo técnico de los procesos, es difícil saber quién tiene la razón, si los jueces (locales y federales) o el Presidente. En el caso del líder de la Unión Tepito, una de las pruebas clave para su liberación habría sido un extraño escrito presentado por un funcionario del Instituto Nacional de Migración, en el que se alegaba que no había estado en el país en la fecha de un crimen imputado. Esto último es relevante, pues haría que los errores recayeran de vuelta en el Ejecutivo federal y no en los jueces. Aunque también está el caso del líder del cartel de Tabasco, en donde un juez federal argumentó tecnicismos para liberar al detenido.

El problema es delicado pues, por un lado, nadie quiere jueces a modo, pero tampoco jueces que por miedo dejen en libertad a los delincuentes. Y es que para los temas tan delicados que ve la justicia y el tamaño de criminales que el país enfrenta, no sólo basta tener “principios”, como diría el Presidente. Hace falta una serie de políticas públicas que hoy no existen o que se han debilitado.

Los salarios reducidos y las capacidades técnicas de los funcionarios públicos encargados de presentar las denuncias y mantener las diligencias contra criminales son un tema. También, con el retiro masivo de escoltas y protección a funcionarios que sí las necesitaban —o los que por ley tenían derecho a ella— ha generado un vacío de poder en el que muchos ya no se enfrentan a la delincuencia, pues no hay garantía alguna de que su integridad física y la de sus familias sea duradera.

Así que de poco servirá el linchamiento público que de los jueces se haga. Más conveniente sería generar protocolos de actuación para asegurar que existan las condiciones legales, económicas, mediáticas y humanas que permitan al Estado enfrentar con éxito a la delincuencia.

Varios países que pasaron por momentos de crisis institucional lo hicieron. Ahí están los casos exitosos de Italia en su lucha contra las Brigadas Rojas, y el de Colombia contra las FARC, el ELN y varios cárteles.

En este complicado escenario valdrían la pena más esfuerzos institucionales coordinados para enfrentar a la delincuencia organizada. Que la Fiscalía General de la República lograra consensos con el resto del Gabinete de Seguridad Federal, con el Poder Judicial de la Federación y con la academia para implementar nuevas políticas en materia de procuración de justicia es algo urgente. De lo contrario, el enfrentamiento entre Ejecutivo y jueces seguirá, y los únicos ganones serán quienes debieran estar tras las rejas.

Cambiando de tema

Un buen ejemplo de coordinación institucional fue la liberación de Lucio Yáñez (el violinista), quien llevaba un año preso ante la imposibilidad de pagar una fianza de 30 mil pesos y buenos abogados que lo representaran.

En este caso, dado a conocer por Noticieros Televisa, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pidió la intervención de los abogados de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, quienes, a pesar de ser un tema del fuero local, en 36 horas lograron la liberación de un indígena que estaba en prisión por ser indigente, anciano, analfabeta y de escasos recursos. ¿Cuántos casos más así? Enhorabuena para ambas instituciones y qué bueno que la Reforma Judicial que viene fortalecerá a la Defensoría Pública.