vía El Economista.
Ayer leí algunas expresiones del comisionado presidente del IFT, Javier Juárez, sobre la importancia de mantener y fortalecer un organismo regulador autónomo, que le permite que sus determinaciones sean técnicas y desvinculadas de toda influencia política.
Esta característica de la autoridad reguladora para el sector telecomunicaciones en México, en opinión del presidente del IFT, ha fomentado la competencia y arrojado importantes beneficios para los consumidores.
Desde luego que sí, no se puede negar que a poco más de nueve años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013, y a nueve años de la creación del órgano regulador autónomo con la fortaleza que previó esa reforma constitucional. Es un hecho notorio que los consumidores se han beneficiado de manera importante por las reducciones que se han observado en los precios de los servicios de telecomunicaciones, así como por las mejoras en la calidad de los servicios, así como por la incorporación de millones de mexicanos al uso de los servicios de telecomunicaciones.
Es verdad que se ha observado un cambio importante en las participaciones de mercado por lo que hace al servicio de banda ancha fija, como lo hace notar el funcionario, pero desde mi punto de vista, no se puede perder de vista que hay otros servicios en los que la reducción de la participación de mercado del agente económico, declarado conforme a la Constitución, como agente económico preponderante (AEP), si bien ha perdido participación de mercado, lo ha hecho con una mucho mayor lentitud.
Y en este caso, quienes conocemos la historia económica del sector telecomunicaciones en México sabemos que un avance importante en un mercado en particular no puede convertirse en el faro que guie las decisiones del regulador y que pudiera orillarlo a bajar la guardia o a ver con simpatía los argumentos de ese poderoso agente económico que lucha por mantener sus aún elevadas participaciones.
No se trata de escatimar logros a la autoridad o sus funcionarios, pero sí de alertar que los desafíos aún son enormes. En el servicio móvil, por ejemplo, México aún sobresale a nivel mundial por la excesiva concentración, ya sea en el servicio de voz o en banda ancha móvil.
Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un país en el que un operador mantenga participaciones como las que ostenta América Móvil, de 63 por ciento y 71 por ciento en los mercados señalados, respectivamente. Por lo mismo de esas excesivas participaciones de mercado, estas representan cuatro veces las del operador que le sigue en participación. Esa estructura nos está avisando que hay riesgos para el bienestar de los usuarios hacia adelante.
Esto, junto con otros datos relevantes para la toma de decisiones, como la tenencia de frecuencias del espectro radioeléctrico, la ventaja de ser el primero en el ecosistema 5G y variables financieras como el EBITDA, que indican que el AEP sigue teniendo el músculo necesario para que el día que la regulación se torne más laxa o sea menos estricta, esté en condiciones de recuperar, en corto tiempo, buena parte del terreno cedido a la competencia.
Por ello, y partiendo de la base de que aún hay muchos aspectos relevantes por resolver para poder llegar a ese momento en el que estemos en condiciones de sostener que en México existe finalmente un ambiente de competencia efectiva consolidado en el sector telecomunicaciones, resulta imperativo que el órgano regulador defienda con determinación su autonomía y la consolidación de las competencias de su capital humano, defensa que debemos acompañar todos.
@GerardoFloresR
