La evidencia, a nivel mundial, ha demostrado fehacientemente que los gobiernos son sumamente ineficientes cuando quieren adoptar el rol empresarial.
Las empresas del Estado son burocráticas, onerosas, obesas, ineficaces, y terminan por gastar dinero público que podría tener un mucho mejor destino. Por ello, es que la actividad productiva se deja en manos del sector privado, quien ha demostrado ser mucho mejor empresario que cualquier gobierno en turno.
La construcción, operación y mantenimiento de aeropuertos, refinerías, o redes de telecomunicaciones debe de recaer en el sector privado. Incluso, en algunos casos, aquellos en los que la actividad productiva demanda la explotación de un bien del dominio público, la ley establece la figura de la concesión para que el privado pueda aprovechar dicho bien, con la autorización del gobierno, a cambio de una correspondiente contraprestación.
Además de dejar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en manos del ejército, y la refinería de Dos Bocas, en manos de Pemex y de la Secretaría de Energía, ahora el gobierno de la Cuarta Transformación anunció construir y operar su propia red de telecomunicaciones para llevar internet a toda la población.
En este último caso, el Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, parece que no le ha explicado al Presidente López Obrador que ya existen dos proyectos, en la modalidad de asociaciones público-privadas (APPs) que tienen justo el propósito de aumentar la penetración del internet entre la población del país, y disminuir la llamada brecha digital.
El primer proyecto es la Red Compartida que ganó el consorcio Altán y que el gobierno le cedió 90 megahercios de espectro en la banda de 700 MHz, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones le otorgó una concesión desde enero de 2017.
El segundo proyecto es la Red Troncal, que pretende concesionar dos hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad. Este proyecto ha sido suspendido, desde la transición de gobierno hasta la fecha, en cuatro ocasiones. Cabe mencionar, además, que ambos proyectos están mandatados desde la Constitución Política.
El objetivo, tanto de la Red Compartida, como de la Red Troncal, es precisamente lograr una mayor penetración de servicios de telecomunicaciones, particularmente de internet. La contraprestación que pagarían los concesionarios de ambos proyectos es justamente obligarlos a alcanzar niveles de cobertura de por lo menos el 85 por ciento de la población.
Es decir, la contraprestación es obligar a que la infraestructura y los servicios lleguen incluso a las zonas no rentables del país, desde el punto de vista económico. Por favor que alguien le explique esto al Presidente de la República. Él no es experto en todos los temas. Si lo que quiere el gobierno es internet para todos, lo que tiene que hacer es dejar que la Red Compartida y la Red Troncal se concreten.
