Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre lamentablemente causaron la pérdida de cerca de 420 vidas, en conjunto. Se trata de mexicanas y mexicanos todos muy valiosos, muchos en la etapa temprana de sus vidas, cuando aún tenían mucho camino por recorrer y aportar tanto a sus respectivas familias como al país. También perdieron la vida muchos mexicanos ya en una etapa de sus vidas más avanzada, así como personas de la tercera edad. México debe honrar la memoria de todos estos mexicanos que de pronto un día vieron truncados sus sueños y los de sus familias.
Además de las pérdidas humanas, están los cuantiosos daños materiales causados por ambos sismos. Cuantiosos daños por las casas y edificios que se derrumbaron desde el día en que ocurrieron estos fenómenos, así como también aquellos que no sufrieron derrumbes, pero que quedaron con daños severos en su estructura y que ya no pueden ser ocupados ya sea para habitación u oficinas. También están los daños a la infraestructura, principalmente de carreteras, caminos y puentes o los daños a las redes de distribución de electricidad o de agua, por mencionar algunos casos.
México debe honrar la memoria de todos quienes perdieron la vida y asumir el compromiso con todas las familias afectadas por los daños materiales para no sólo reconstruir lo dañado, sino para mejorar sus instituciones, mejorar el andamiaje legal, institucional y económico para la atención de este tipo de desastres.
Nadie puede escatimar un reconocimiento al Ejército y Marina Armada de México, que destinaron un número significativo de elementos que pusieron toda su disciplina, disposición y compromiso para coordinar los esfuerzos de rescate y de remoción de escombros relacionados con ambos sismos. Tampoco se puede escatimar reconocimiento alguno a la Policía Federal, a Protección Civil o el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como las corporaciones locales en los entidades federativas afectadas por los movimientos telúricos.
A estos esfuerzos se sumaron sin duda alguna los de la sociedad civil que de manera espontánea salió a las calles para cooperar en los esfuerzos de rescate, en los esfuerzos de recolección de herramientas necesarias para apoyar a los rescatistas, en los esfuerzos de localización de personas y en los esfuerzos de recolección de víveres, medicinas o vestido para los damnificados. Se trata de esfuerzos que en cierta forma también se pudieron observar en Oaxaca, Chiapas, Morelos o Puebla, por mencionar algunos estados afectados, pero en mucho menor medida.
Lamentablemente para nuestro país, los efectos de ambos sismos ponen de relieve la enorme desigualdad que existe entre el norte, el centro y el sur de México. En el sur, el daño es muy distinto al daño observado en la Ciudad de México y la capacidad de respuesta para atender una emergencia de esta naturaleza es muy inferior también. Así que además de mejorar el andamiaje legal, institucional y económico a nivel federal y local para poder hacer frente a desafíos como los que nos impusieron los sismos del 7 y 19 de septiembre, debemos enfrentar de una vez por todas ese problema que hemos dejado que crezca con el tiempo, el fenómeno de la brecha en la capacidad institucional en los estados del sur de México, frente a la de las entidades del resto del país.
El nuevo andamiaje legal para fomentar las zonas económicas especiales es un gran paso, pero de acuerdo con lo que vimos con los sismos, insuficiente. Es necesario idear mecanismos financieros que permitan a los estados del sur cerrar la brecha o converger no sólo a los mismos niveles de desarrollo del resto del país, pero también a los niveles de capacidad de respuesta ante fenómenos telúricos o meteorológicos, por citar algunos.
*El autor es senador de la República.