El espacio áereo forma parte del territorio nacional. En materia de telecomunicaciones, este bien público sirve para transmitir señales de todo tipo, como son voz, datos y video, a través de la propagación de ondas electromagnéticas. Se le denomina, para efectos legales, como “espectro radioeléctrico”.
En la evolución de las telecomunicaciones a nivel mundial, y México no es la excepción, el espectro radioeléctrico se ha significado como un bien fundamental. Lo fue, desde los albores del siglo XX, con el logro del despliegue del primer sistema de radiocomunicación trasatlántica, atribuido al ingeniero Guillermo Marconi (y a la tecnología de Nikola Tesla). Posteriormente, además de la radiocomunicación, la capacidad inalámbrica de transmisión de señales a distancia dio origen a los medios masivos de comunicación existentes hasta nuestra época, señaladamente la radio y la televisión radiodifundidas.
A finales del siglo pasado, con la invención de la telefonía celular, la importancia del espectro se multiplicó. Este servicio, que hoy consiste en una verdadera plataforma multimedia, se ha convertido en la principal alternativa de comunicación en todo el orbe. En el caso de países como el nuestro, en donde las redes alámbricas no alcanzaron a penetrar en todos los segmentos de la población, las tecnologías inalámbricas son clave para el logro de los objetivos de conectividad universal.
El espectro radioeléctrico es un bien finito y escaso. Por ello su aprovechamiento debe hacerse maximizando su valor social. Desde 1995, con la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Estado determinó que la forma de asignar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro para fines comerciales, a efecto de hacerlo con transparencia y eficiencia, debe ser a través de procesos de licitación pública.
La fórmula no ha cambiado. La reforma constitucional de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, derivada de ésta, establecen a la licitación como el proceso idóneo para continuar ofertando el uso concesionado (altamente regulado) de este bien de la nación, a efecto de prestar servicios a la población en condiciones de competencia efectiva. No obstante, en los últimos años se ha podido advertir un común denominador en los procesos de licitación llevados a cabo por distintos órganos del Estado: las licitaciones han sido menos transparentes y, sobre todo, se han definido en un ambiente de ausencia de pluralidad de postores.
Tratando de ser objetivos, la predeterminación de algunos de estos procesos, notablemente la licitación de “dos cadenas nacionales” de televisión digital terrestre y de 90 MHz de la denominada Banda de 700, para la creación de una red compartida de servicios móviles, ambas decretadas por el Constituyente Permanente en las disposiciones transitorias de la reforma aludida, no ayudó, por su dificultad inherente, a lograr la participación de un cúmulo suficiente de interesados. Sin embargo, lejos de facilitar dichos procesos en el ámbito de su competencia, las autoridades involucradas los complicaron innecesariamente.
Procesos subsecuentes, como la primera licitación en materia de radiodifusión sonora y el remanente de las frecuencias de televisión digital terrestre (no asignadas en el primer proceso), han adolecido de fallas de diseño notables. Estos errores han generado que buena parte de las frecuencias licitadas quede desierta, con lo cual el país y su población pierde un costo de oportunidad fundamental en la consecución de los objetivos de política pública establecidos en la legislación aplicable.
Negar estos errores y calificar todo lo que sucede como un éxito, no abona en nada a lo que, como país, queremos lograr en esta materia. Esperemos que esta actitud complaciente sea superada para poder así aprender de las experiencias y, con objetividad y responsabilidad, estar en aptitud de vencer esta perniciosa inhercia.
