2019-01-09
Como ha destacado el historiador Enrique Krauze en un artículo reciente, el presidente López Obrador, a quien apasiona la historia, basa sus decisiones políticas y económicas en una muy personal forma de interpretar los hechos del pasado. A través de sus ataques verbales contra los que critican las formas y decisiones de su gobierno, el presidente ha invocado, a la usanza de Madero, la presencia de dos grandes espíritus que mantuvieron al país en llamas hasta la consolidación del régimen de don Porfirio: los liberales y los conservadores.
López Obrador tiene el singular talento de manejar la historia, las ideologías políticas y hasta la conversión de los pecadores como si fueran muñecos de plastilina deformables y modificables en función de su utilidad política para el manejo de masas. Lo que para cualquier persona medianamente culta es liberal, para él es conservador, y viceversa, dependiendo de la audiencia y el espacio de su discurso. Por ello, cabe recordar los principios que defendían unos y otros. Los liberales creían en derechos individuales que acotaran el poder del Estado y garantizaran la propiedad, la libertad de creencias, de opinión y de empresa. Un Estado así acotado evidentemente debería de ser laico, ya que inclinarse por una creencia religiosa u otra podría violar los derechos de los individuos garantizados en la Constitución. Por su parte, los conservadores pretendían mantener el régimen heredado de la Colonia, con un Estado expresamente católico e intolerante frente a otras creencias, la defensa de los bienes de la iglesia católica (para entonces el mayor terrateniente del país) y de los privilegios de explotación minera, comercial o industrial otorgados por el rey de España o por los nuevos gobiernos conservadores. En pocas palabras, no querían ciudadanos, querían súbditos obedientes.
Desde un punto de vista económico, las consecuencias de ambas visiones son evidentes si comparamos a los Estados Unidos con Argentina, ambos con inmensas superficies de tierra fértil y una población eminentemente europea que casi extermina a las poblaciones indígenas. En Estados Unidos se regalaron a los inmigrantes tierras suficientes para que las pudiera labrar una familia y un limitado número de empleados. En Argentina, las tierras fueron acaparadas en inmensos latifundios otorgados a españoles beneficiarios del Virreinato del Río de la Plata. En Estados Unidos se creó una pujante clase media que en dos siglos convirtió a su país en el más rico del planeta. En Argentina los latifundistas contrataron inmigrantes y los mantuvieron en la pobreza.
Se equivoca López Obrador, el liberalismo no es la causa del raquítico crecimiento de México. La causa es un modelo liberal acotado por grandes intereses conservadores. Lo que antaño eran los latifundistas hoy lo son los monopolios y oligopolios. La economía mexicana no es una economía de libre mercado en competencia: es una economía de señores feudales coludidos con el gobierno; prácticamente el sueño de los conservadores del siglo XIX. No necesitamos más intervención estatal en la economía, lo que necesitamos es un Estado regulador que verdaderamente acote el poder de los monopolios y oligopolios. Hasta ahora, la Cofece y el IFT se han visto, por lo menos, tímidos.
Cometiendo los mismos errores del pasado, en las últimas semanas del 2018 tanto el Poder Judicial Federal como el gobierno de la Ciudad de México firmaron, sin licitación pública, convenios multianuales para la prestación de servicios de telecomunicaciones por miles de millones de pesos con Telmex, empresa perteneciente al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T). Recordemos que el AEP-T mantiene controlado el 65% del sector telecomunicaciones en México. Lo que en Argentina y México eran los latifundistas hoy lo es Telmex en las telecomunicaciones de México.
De ninguna manera quiero decir que Telmex no tiene derecho a competir por los contratos gubernamentales; todo lo contrario, lo que digo es que Telmex debe competir por esos contratos de manera pública y transparente, cumpliendo en todo con la regulación asimétrica que el IFT le ha impuesto. Un Estado liberal, como el que el presidente López Obrador dice querer crear, debe fomentar la competencia y la libre empresa y no seguir apoyando la concentración de riqueza en pocas manos. El problema de México no es el liberalismo, es tener un liberalismo simulado.
