2019-06-08
Los elementos esenciales de la ahora cuestionada Ley Garrote, aprobada hace unas semanas por el Congreso de Tabasco, se idearon en 2002 en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal (GDF) cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador.
En aquella época, el jefe de Gobierno estaba molesto por la toma de instalaciones y obras del Sistema de Transporte Colectivo Metro que hacía su dirigente sindical, el diputado priista José Espino, lo que afectaba a cientos de miles de usuarios.
Ante ello, se decidió incluir en el Código Penal para el Distrito Federal un artículo con penas muy severas para disuadir la toma de instalaciones públicas. Así surgió el artículo 362 que señalaba: “se le impondrá de cinco a 30 años de prisión…, al que, mediante violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del GDF, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
Luego de su aprobación en el Código Penal del GDF, la toma de instalaciones del Metro disminuyó; sin embargo, no hay registro de que se hubiera aplicado el tan severo artículo para ello.
No fue hasta los desmanes que se organizaron 10 años después, el 1 de diciembre de 2012, con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, que la entonces PGJDF de Marcelo Ebrard aplicó en coordinación con el gobierno federal el artículo 362, a 48 horas de traspasar el GDF a Miguel A. Mancera, para sancionar a varios jóvenes que hicieron destrozos y tomaron camiones de transporte público en la zona del centro, protestando por un supuesto fraude electoral.
Luego de varias movilizaciones y presiones sociales, la Asamblea Legislativa, el 27 de diciembre de 2012, reformó el artículo 362 para disminuir las penas: la mínima se redujo de cinco a dos años de cárcel y la máxima pasó de 30 a siete años. Con ello, el GDF y la Asamblea Legislativa se rindieron ante las protestas sociales y el nuevo articulado aplicado en su beneficio, permitió a los jóvenes detenidos seguir su proceso en libertad.
Tras varios litigios, ya en 2016, el famoso y riguroso artículo llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se le declaró inconstitucional. Los ministros
Piña, Zaldívar y Cossío señalaron que los cargos de “violencia extrema” eran inconstitucionales por ser imprecisos, excesivos e irrazonables. El que los habitantes de la Ciudad de México no tuvieran certeza sobre qué era “violencia extrema” hizo que se declarara inconstitucional dicho término. Esto fue liderado por los tres ministros más libertarios y progresistas que ha visto la Corte.
Hoy, 17 años después de que se ideó un artículo en el Código Penal del GDF que sirvió para meter orden a la toma de instalaciones públicas en la Ciudad de México, el Congreso y el gobierno de Tabasco buscan aplicar un remedio similar para evitar que les detengan sus obras públicas, en particular el mega proyecto de la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco.
Así, el hilo conector de ambos temas y códigos penales son la protección de instalaciones y obras públicas vinculadas al hoy presidente López Obrador. En la Ciudad de México, se aplaudió que el sindicato ya no estuviera tomando el Metro y, en Tabasco, también hay un amplio consenso en que se requiere una ley fuerte para evitar chantajes a la obra pública y a la privada. Incluso, la medida está siendo aplaudida por el empresariado local.
La duda que surge es cómo los juzgadores federales van a procesar a quienes sean culpados de violar la Ley Garrote, pues ésta establece penas de seis a 13 años de prisión al que “impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos y obras públicas”. Y son justo las palabras por “cualquier medio” las que se podrían prestar a la misma imprecisión o abuso de que se tachó al Código Penal lopezobradorista.
No deja de ser irónico que quien hizo un Código Penal con fuertes sanciones para la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, libró las protestas sociales. Incluso, le aplaudieron su mano dura contra el sindicato del Metro.
En cambio, a los que defendieron la aplicación del citado artículo, la procuraduría de Miguel A. Mancera en defensa de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, les fue fatal con las movilizaciones sociales, a tal grado que, en vacaciones de diciembre de 2012, tuvieron que dar marcha atrás y cambiarlo, concluyendo el tema cuando, 4 años después, la Corte les declaró inconstitucional su procedimiento penal contra los jóvenes detenidos.
Así, se puede decir que el Presidente tiene una muy buena estrella, pues todo le sale bien. Mientras que, con ese mismo artículo, todo les salió mal a Peña Nieto y a Mancera. En buena parte es la sagacidad de López Obrador, quien ideó el remedio para evitar la toma del Metro, pero nunca lo aplicó. Mientras que, a los otros, al disparar el “arma” que les dejó, el tiro les salió mal.
Veamos ahora qué pasa en tribunales con la Ley Garrote y si la buena fortuna le sigue sonriendo al Presidente. También hay que señalar que la opinión pública parece estar del lado de instituciones y leyes que inhiban el desorden y eviten afectaciones a obras públicas.
Cambiando de tema… un nuevo escándalo financiero está en puerta. No sólo se acaba de publicitar, por el nuevo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que la entidad tiene una deuda de más de 44 mil millones de pesos. También, autoridades de México y de Europa han descubierto cuentas con millones de euros a nombre de un exfuncionario estatal, que hoy es legislador por el PAN.
