El sábado pasado quedó aprobado en el pleno del Senado de la República el dictamen de las comisiones unidas con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se modifican otras leyes relacionadas. Durante el debate en el Senado, así como durante el debate en la sesión de comisiones unidas en la Cámara de Diputados, escuché diversos posicionamientos que menosprecian o subestiman los notorios avances que se logran con las disposiciones contenidas en el nuevo marco legal.
En primer lugar, debe destacarse y reconocerse que la fortaleza y autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se mantienen intactas. Este órgano regulador constitucionalmente autónomo no pierde una sola de las facultades que el poder revisor de la Constitución le otorgó en la correspondiente reforma constitucional. Para empezar, hay que recordar que sus decisiones no pueden ser objeto de recurso de revisión y no pueden ser suspendidas en juicio de amparo.
Por otra parte, se le dota de un conjunto de herramientas en esta legislación, así como en la Ley Federal de Competencia Económica, que le permitirán impulsar las medidas regulatorias que Méxiconecesita para lograr que en nuestro país haya condiciones de competencia efectiva tanto en telecomunicaciones como radiodifusión. Por ejemplo, ahí están las disposiciones para garantizar una interconexión oportuna y efectiva entre todas las redes, así como las medidas para garantizar el acceso desagregado a la red local del agente preponderante por parte de los demás operadores, tal como ya ocurre en muchos países.
Ello permitirá que podamos pensar en mejores tarifas para todos los servicios, mejor calidad en la prestación de los mismos, más inversión en infraestructura para llevar servicios a zonas donde hoy no existen. En suma, un circulo virtuoso para que familias y empresas en México puedan hacer un ejercicio pleno de su libertad de elegir, lo cual la excesiva concentración hoy no nos permite. A su vez, ello contribuirá a que familias y empresas gocen de un acceso cada vez mejor a las redes de telecomunicaciones, al mismo tiempo a que los mexicanos podamos gozar de mayor pluralidad en servicios de radiodifusión.
En materia de telecomunicaciones se establecieron diversos derechos que atienden de manera directa preocupaciones genuinas de millones de usuarios de estos servicios. Ahí está la nueva obligación para que el saldo de las recargas que efectúan los usuarios de prepago se mantenga vigente durante un año; también, la nueva obligación para que los operadores móviles desglosen a sus usuarios en su factura mensual cuánto corresponde al pago del equipo que obtuvieron con el paquete que tienen contratado y cuánto a los servicios específicamente contratados. Está también el límite para que el proceso de portabilidad de los números telefónicos no exceda de un plazo de 24 horas. Hoy, ello puede llegar a durar hasta 13 días hábiles. No puede pasarse por alto desde luego la eliminación a partir del 1 de enero del 2015 del cobro de las llamadas de larga distancia, tanto en servicios fijos como móviles.
En radiodifusión, la ley dará certeza plena a los interesados en participar en la licitación de las cadenas de televisión abierta que ya está en marcha. Los ganadores podrán aprovechar la infraestructura del agente preponderante para poder entrar a prestar los servicios concesionados en un tiempo mucho más corto del que hubieran requerido si lo hicieran con su propia infraestructura. Se introduce desde luego un conjunto de derechos de las audiencias.
Hay muchos otros aspectos positivos que habremos de abordar en las siguientes colaboraciones.
*El autor es senador de la República.
