2018-07-04
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones para la presidencia de la República del domingo pasado nos permite suponer que varias de las reformas estructurales que fueron implementadas durante la administración del presidente Peña Nieto serán revisadas. Algunas, como la energética o la educativa, estarán en el centro del debate público una vez que el presidente López Obrador tome posesión. Otras, como la de telecomunicaciones y competencia económica, no despertarán las mismas inquietudes y seguramente se mantendrán en sus principales ejes rectores.
López Obrador obtuvo una victoria tan contundente que podrá modificar la Constitución con el apoyo de sus aliados. Por eso, leímos con gran satisfacción las primeras declaraciones de Abel Hibert, el principal asesor del nuevo presidente en materia de telecomunicaciones. Abel es un reconocido economista especializado en el sector telecomunicaciones con quien tuve el honor de coincidir cuando ambos fuimos comisionados de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones. De ninguna manera es un radical. Es un economista con visión social que cree en la libre empresa y la competencia, pero también reconoce que el Estado debe desempeñar un papel activo en la promoción de la cobertura y el acceso a las tecnologías de la información por parte de todos los mexicanos.
En mi opinión, y parece que Abel Hibert piensa lo mismo, es un falso dilema contraponer el fomento a la competencia con la inversión en cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Se requiere trabajar en ambos campos, que no se enfrentan ni contraponen. Requerimos competencia con cobertura. Nadie de buena fe puede dejar de coincidir en esto. Me parece que la propuesta para crear un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha (FCSBA) es atinada y realizable. El sector telecomunicaciones es tan dinámico que fácilmente puede generar sus propios recursos para financiar este fondo. Basta con alinear algunas de las políticas fiscales que se han aplicado en el sector para lograrlo. Podemos, por ejemplo, sustituir el IEPS aplicable a servicios de telecomunicaciones por un impuesto similar, pero etiquetado para que los recursos que se generen sean transferidos al FCSBA. De igual manera se deben revisar los aprovechamientos y derechos que los operadores pagan al gobierno por el uso del espectro radioeléctrico y el otorgamiento o prórroga de concesiones. En primer lugar, deben uniformarse, de tal manera que todos los operadores paguen lo mismo dependiendo de las bandas de frecuencias que tengan y el uso que les den; en segundo, los ingresos por tales conceptos deberían también ser transferidos al FCSBA. De esta manera, el gobierno podrá realizar licitaciones públicas para asignar dichos recursos a los operadores que ofrezcan la mejor cobertura, calidad y precio en servicios de telecomunicaciones para comunidades individualmente identificadas. Además, se pueden asignar recursos a concesionarios de uso social que gestionen sus propias redes en sus comunidades. Esta última es también una propuesta formulada por el equipo de López Obrador. Todo lo anterior fue expuesto por Abel Hibert, pero no se quedó ahí y atendió otras de las preocupaciones de las empresas del sector: el respeto y fortalecimiento de la autonomía del IFT y el uso del poder de compra del gobierno para el fomento de la competencia. Por lo menos para el sector telecomunicaciones, el enfoque y las metas del nuevo gobierno de López Obrador son correctos, realizables y no implican contraposición alguna con nuestro modelo de libre mercado en competencia. Es cierto que la reforma requiere de algunos ajustes y, en mi opinión, la nueva administración los tiene identificados.