En el Proyecto de Nación 2018 – 2024 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se propone una nueva visión de país que presenta proyectos en diferentes materias primordiales para la generación de políticas públicas en mejora de las condiciones sociales y económicas del país y “emprender un cambio de rumbo”.
Dicho proyecto se divide en cuatro ejes principales: 1) Desarrollo Social; 2) Política y Gobierno; 3) Educación, Ciencia, Valores y Cultura; y 4) Economía y Desarrollo. Dentro de este último se encuentra el sector de telecomunicaciones para el cual proponen ampliar la cobertura de banda ancha en zonas marginadas a precios razonables, incorporándolas así a las tecnologías de la información y elevando su calidad de vida.
Según la información proporcionada en el Proyecto de Nación, México tiene una cobertura de internet de banda ancha fija de 48 líneas por cada 100 hogares y de 13.3 líneas por cada 100 habitantes. Mientras en los extremos del país se presenta la Ciudad de México con una teledensidad semejante al promedio de países de la OECD (28 líneas por cada 100 habitantes), y en el otro extremo casos como Chiapas con una teledensidad de 3.9 líneas por cada 100 habitantes, similar a países como Bangladesh y Bután.
La propuesta del mandatario es disminuir la brecha de acceso de banda ancha que hay en los estados más marginados, introduciendo la tecnología 3G y 4G por medio de concesiones sociales, para las cuales se pretende hacer un “Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha”. Esto al tiempo de incentivar a los operadores actuales para que amplíen su cobertura de telecomunicaciones a estas regiones, y hagan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico en las diferentes bandas de frecuencia.
Si bien son buenas intenciones, me parece que hay dos factores fundamentales que la nueva administración tiene que respetar a efecto de lograr objetivos de mayor cobertura y penetración como los que se propone: 1) el estado de derecho; y 2) la autonomía del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El estado de derecho para generar seguridad jurídica a las inversiones de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones. Reglas claras, firmes, y de largo plazo es lo que se necesita para que los operadores expanden y crezcan sus redes de servicio.
Y la autonomía del regulador como el órgano técnico especializado que funcione como árbitro en un mercado que todavía se encuentra altamente concentrado. Restarle capacidad al regulador, para que el gobierno central tomé decisiones influenciadas por la coyuntura política, significaría un enorme retroceso.