2021.01.26
Vía El Universal
En varios países hay un esfuerzo institucional para supervisar de mayor manera cómo operan las redes sociales: en Estados Unidos hay investigaciones por prácticas monopólicas y la Unión Europea puso a consideración del Parlamento Europeo un ambicioso paquete regulatorio para poder obligarlas a retirar ciertos contenidos, como los que promueven discursos de odio o la violencia, así como para imponerles fuertes sanciones económicas.
En México, las próximas elecciones están tensando el ambiente en redes sociales. Por un lado, el gobierno federal ha complicado su relación mediática con Twitter y Facebook, y están preparando una legislación ad-hoc a efecto de que éstas no puedan silenciar a figuras públicas, ni sus mensajes, tal como se lo hicieron a Donald Trump.
La regulación tendrá como origen el Senado y la idea es tramitarla a la brevedad, antes de que inicie la etapa de campañas en el proceso electoral. ¿Qué buscaría la 4T? Evitar cualquier tipo de censura que pudiera afectar su estrategia en redes. Y es que, de no lograr ese objetivo, y dada la regulación que aplica para radio y TV, tendrían que relanzar su impreso, Regeneración, que les da algún margen comunicacional, pero ni de cerca a lo que han logrado con las redes.
Por su parte, aunque el INE va en una lógica más de colaboración, los convenios firmados con Facebook y Twitter ya vencieron. Ambas plataformas, para las elecciones de 2019 y 2020, le ayudaron de manera amigable, no contractual, con temas básicos como a) la entrega de facturas derivadas de la compra política, hecha por candidatos, o b) bajar materiales (videos) prohibidos por nuestra ley electoral. Aunque también ahora el instituto deberá velar a nivel federal y local para evitar mensajes de violencia política contra las mujeres.
El INE debería pensar en exigir que las plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, etcétera, dieran a las elecciones mexicanas el mismo trato que han dado a otras, señaladamente a las de EU: contrataron un ejército de fact-checkers de la agencia AP para marcar o bajar mensajes indebidos o falsos, acotaron la compra de publicidad política y no dejaron avanzar los mensajes de odio. Pero en México las plataformas están pasmadas y no han sabido moverse para evitar choques con las autoridades: declinaron ir a las mañaneras a dar su punto de vista sobre las acusaciones que les vertieron, no han firmado convenio alguno con el INE, no han hecho públicas sus políticas internas para las próximas elecciones, no han sabido explicar por qué cierran cuentas de la 4T que ocasionan spam y no otras similares, y tampoco han logrado explicar qué logros tuvieron para acotar el “comportamiento abusivo” luego de que el presidente López Obrador anunciara antier que tiene Covid-19.
Así, las redes sociales están en México en el peor de los mundos y en ambos extremos del espectro político, pasando por el árbitro electoral (INE) y el regulador de las telecomunicaciones (IFT), que están insatisfechos o de plano molestos con lo que han hecho o dejado de hacer. Sencillamente, las plataformas no tienen aliados en México.
En este contexto tan complejo para ellas y en el que México se ha convertido en uno de sus principales clientes (en el caso de Facebook, el país ocupa el quinto lugar en número de usuarios, noveno en Twitter y octavo en Instagram) es altamente probable que se apruebe una legislación por demás estricta, reformando la Ley de Telecomunicaciones, y que esto pudiera ser imitado en América Latina.
La 4T ya lo telegrafió y nadie ha salido en su defensa. Así, es fácl que se cometan excesos contra las redes sociales, pero su estrategia en México ha sido desastrosa.