vía El Economista.
Esta semana se prevé que se discuta en comisiones del Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Con esta modificación legislativa los promoventes buscan establecer un mecanismo en el marco legal mexicano por el que se establecería en el artículo 40 de ese cuerpo normativo la siguiente obligación: “El pago de la remuneración compensatoria por reproducción será cubierto, de manera indistinta y solidaria, por los fabricantes o importadores de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse, y será efectiva a través de la sociedad de gestión colectiva que corresponda…”.
Lo anterior significa que todo fabricante o importador de celulares (smartphones), tabletas, cualquier equipo de cómputo, ya sea de escritorio o laptop, discos duros, pantallas planas, consolas de video juegos, dispositivos para ingresar a plataformas de streaming, y en general cualquier dispositivo que nos permita reproducir una película, serie o programa de noticias, o bien, escuchar música, sin que necesariamente nos sirva para que hagamos una copia del mismo, deberá pagar una cuota por cada dispositivo de este tipo que fabrique o importe, que dependerá del tipo de dispositivo. A esta cuota se le conoce también como cuota por Copia Privada.
Los recursos generados por el pago de las cuotas por Copia Privada no irán al estado mexicano, así que por principio de cuentas estamos frente a un cambio en el marco legal por el que el Congreso de la Unión estaría imponiendo una contribución a particulares destinada directamente a particulares, vía un mecanismo que canalizará estos recursos a sociedades de gestión colectivas, que representan los intereses de autores, compositores, escritores, músicos y cualquier otra persona involucrada en el proceso creativo de obras ya sean de carácter audiovisual, impreso o gráfico. Sin embargo, una revisión exhaustiva del artículo 73 constitucional permite concluir que el Congreso no está facultado para imponer contribuciones a particulares que estén destinadas a otros particulares.
Aparte de ese muy relevante aspecto legal, están desde luego los efectos no deseados sobre distintas variables. Por un lado, aunque la iniciativa de los senadores promoventes establece en el mismo artículo 40 que “por ningún motivo, la remuneración compensatoria por reproducción podrá trasladarse a los precios que pagan los consumidores finales de los productos”. Lo anterior es una manifestación de buenas intenciones, pero no hay ningún mecanismo efectivo para impedir que los fabricantes o importadores de esos dispositivos reflejen en sus precios los costos en los que incurren.
Por ejemplo, en Francia, donde en efecto este mecanismo fue introducido antes de que iniciara el Siglo XXI y donde seguramente su Parlamento si tenía las facultades para hacerlo, la organización Copie France, que es una institución privada que administra en nombre de los autores y compositores los recursos provenientes de las cuotas por Copia Privada, reconoce que en el caso de los equipos restaurados (de segundo uso), estas cuotas representan entre el 3% y el 4% del precio de un equipo con esas característica. Es decir, aunque se supone que allá también está prohibido trasladar al precio el costo, finalmente no hay forma de impedirlo.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) estima que por la introducción de esta obligación, los mexicanos terminarán pagando en total un sobreprecio anual de entre 3 mil 800 millones y 5 mil 600 millones de pesos por la compra de teléfonos móviles. Aunque los senadores no lo crean o lo subestimen, el incremento de precios provocará que miles de nuevos usuarios prefieran no conectarse a una red de banda ancha, lo que impactará negativamente los esfuerzos de la actual administración para incrementar el número de mexicanos conectados al mundo digital.
No creo que alguien esté en contra de que los autores y compositores obtengan los ingresos que merecen por su esfuerzo creativo, pero dudo que la mayoría de los mexicanos estén de acuerdo que ello se materialice a través de un mecanismo cuyo costo pagarán y que complique sus aspiraciones de conectividad, incurran o no en piratería.
*El autor es economista.
@GerardoFloresR
