Existen muchas formas de quitarle a la gente sus derechos; directas, indirectas, brutales, oscuras, abiertas. Y también sutiles, con palabras, giros y razonamientos ingeniosos, cuyo mayor riesgo reside en su profundidad y efectos perniciosos de largo plazo.
Uno de los derechos más importantes de que disfruta la sociedad es el de la libertad de expresión (los hechos nos obligan a recordarlo, una y otra vez). Si bien es ejercido principalmente por los medios de comunicación, sus frutos y beneficios son para la comunidad entera.
La libertad de expresión es un derecho que se opone principalmente a la autoridad.
Es un instrumento para la transparencia, un arma social contra los malos gobernantes. Es la última frontera de la sociedad ante el autoritarismo; en su ausencia, viene la impunidad. Históricamente, es bien sabido, ha impedido que se consumen tropelías, corrupciones, crímenes. Ha provocado castigo al culpable.
Lamentablemente, en nuestro país no existe una cultura robusta en pro de este derecho humano fundamental. Una y otra vez se alerta de los riesgos reales que enfrenta la libertad de expresión provenientes de muy diversos frentes y maneras. La respuesta, muchas veces, se queda en la suspicacia torpe de afirmar que cualquier defensa de este derecho se identifica con la defensa de los intereses de los medios.
En México, cualquier día, podemos amanecer con un nuevo golpe a la libertad de expresión. Con supuesta retórica progresista, cualquier día una ley o una sentencia puede acotarla o, de plano, suprimirla de un ámbito específico. No se le aquilata y aún estamos muy lejos de lo que se puede ver en países con una cultura jurídica y política sólida, como Inglaterra, Francia o Estados Unidos.
No nos imaginamos el escándalo que significaría en esos países el que un ministro del máximo tribunal propusiera lo que se ha propuesto en México.
El asunto se remonta a noviembre de 2015, cuando entró en vigor la nueva Ley de derecho de réplica, que en su artículo 3 prevé que “Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio”.
Esta definición se ajusta casi literalmente a lo que prevé el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerada una sana práctica internacional.
Resulta que tal definición no le gustó a nuestros políticos de izquierda (por algo será), y se les ocurrió la muy peregrina y cínica idea de pedir a la Suprema Corte que el derecho de réplica procediera aún cuando el medio de comunicación hubiera difundido información verídica o cierta.
Para Morena y el PRD basta con que una información no sea de su agrado o a su juicio le cause cualquier agravio (aun siendo verídica) para que proceda la réplica y, si es necesario, llevar a juicio al medio de comunicación.
Proponen eliminar de la ley las palabras “inexacta o falsa” lo que ocasionaría que toda información de los medios de comunicación, escritos o electrónicos, cualquiera, sea susceptible de ser reclamada vía derecho de réplica.
Lo grave del caso es que el proyecto de sentencia de la Corte, preparado por el ministro Alberto Pérez Dayán, con abundantísimos silogismos le da la razón a los partidos políticos citados. El proyecto olvida lo esencial: que el derecho de réplica existe para procurar que la información difundida sea verídica, no para que sea del agrado de quien es objeto de la misma. El derecho a la información se garantiza con información veraz, no con información suave, light, a modo. El proyecto pasa por alto que en ocasiones la libertad de expresión se ejerce precisamente para agraviar, porque los políticos son agraviables. Nos interesa la verdad, no la comodidad de la clase política.
En la vida real el efecto de la sentencia es evidente: la autocensura de los medios. Es decir, menos crítica a la autoridad, menos información, más impunidad y complicidad. Una sociedad más silenciosa. El mundo ideal de muchos políticos, según se aprecia.
