En diversas ocasiones durante los últimos años he llamado la atención sobre los efectos que la escisión de América Móvil (AMX) y la creación de Telesites pueden tener sobre el mercado de telecomunicaciones, pero vale la pena recapitular.
A raíz de la reforma en telecomunicaciones se estableció que el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AMX, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, así como sus filiales y subsidiarias) está obligado a compartir su infraestructura pasiva con los demás competidores contra el pago de una contraprestación basada en el costo incremental promedio de largo plazo. La infraestructura pasiva se compone principalmente de las torres, postes y ductos del agente económico preponderante.
Desde marzo del 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha ido dando tumbos rumbo a este objetivo a través de la negociación con AMX de diversas ofertas públicas de referencia mediante las cuales los competidores podrían acceder a esta infraestructura. En un primer intento, el IFT salió con la vacilada de aprobar una oferta sin precios, dejando a los competidores sujetos a la buena voluntad del preponderante. Posteriormente, y ante la crítica de los competidores y de diversos especialistas, el IFT ha ido, paulatinamente, mejorando las condiciones de las ofertas, aunque todavía están muy lejanas del costo incremental promedio de largo plazo al que se refiere la legislación en la materia.
AMX nunca estuvo de acuerdo con la idea de compartir su infraestructura con los competidores y, menos aún, por una contraprestación basada en el costo de ésta y no en su valor de mercado. Por eso, de manera clara y expresa, informó a sus inversionistas que escindiría todas las torres que hasta entonces utilizaba únicamente Telcel en una nueva empresa, Telesites, que rentaría esa misma infraestructura a terceros, pero a valor de mercado.
La escisión de AMX y la consecuente creación de Telesites fue aprobada por el IFT, a pesar de la intención manifiesta del preponderante de darle la vuelta a la obligación de basar sus tarifas en costos. Desde entonces y hasta ahora, Telesites ha venido operando con cautela y sin confrontarse de manera directa con el IFT, pero no podemos dejarnos engañar: la intención de Telesites siempre ha sido sacudirse la obligación de compartir su infraestructura a costo y cobrar por ella un valor de mercado que, dado su tamaño, prácticamente sería determinado por ella misma. Y todo esto bajo la mirada condescendiente y obsequiosa del IFT.
Ayer, la columna “De jefes” de El Financiero reprodujo información difundida por Reuters según la cual la familia de Carlos Slim, que detenta 61% de las acciones de Telesites, estaría por vender una participación minoritaria de ésta, en una jugada magistral que bien podría culminar el anhelo del ingeniero Slim de sacudirse la regulación sobre su infraestructura. Basta con que venda 11.01% de Telesites a un inversionista independiente para que toda la regulación en materia de compartición de torres le deje de aplicar y las ofertas públicas de referencia aprobadas por el IFT se conviertan en un ridículo más grande que el fiasco de Tecnoradio.
Si la familia de Carlos Slim llega a tener 49.99% de Telesites, entonces, formalmente, ésta ya no formaría parte del agente económico preponderante y, por tanto, el IFT carecería de atribución alguna para regular sus precios, características técnicas o la gestión en el acceso equitativo a la infraestructura. Desconozco si esta estrategia es apoyada por el IFT o si simplemente los van a chamaquear otra vez, pero lo que sí sé es que después de haber aprobado la escisión de AMX, el IFT carece de atribuciones para impedir que la familia Slim venda parte de sus acciones en Telesites. Además, no dudo de que haya inversionistas deseosos de asociarse en un negocio que pinta seguro y rentable: existe demanda, el mercado de torres está muy concentrado y Telesites es el operador más grande.
Ante la falta de carácter del IFT y la astucia del ingeniero Slim, perderían los de siempre: la competencia y los usuarios.
