En el 2018 existirán el mayor número de candidatos, a un cargo de elección, que hemos tenido en la historia del país. Tan sólo en estas elecciones se elegirán en un solo día 3 mil 637 cargos.
Las elecciones serán para elegir: Presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, 9 gobernadores incluyendo el de la CDMX, 949 diputados locales (el 85.9% del total del país), 2014 ayuntamientos (82.4% del total de país), 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales.
Solo por la logística que implicará, la elección del 2018, es ya un reto para las autoridades electorales, mismas que tendrán que organizar una vasta maquinaria electoral, buscar el apoyo de poco más de un millón 200 ciudadanos para que sean funcionarios de casilla y convencer a muchos millones más para salir a votar.
Sin embargo, más allá de las complejidades en la organización, el verdadero reto en las elecciones del 2018 será lograr que las instituciones electorales lleven a buen puerto el proceso democrático, dado que: i) hay muy mala opinión de los gobiernos (cualquiera que sea su color), ii) no hay confianza en las instituciones electorales, iii) el modelo de comunicación política está agotado (sobre-regulada cualquier aparición en medios electrónicos o impresos), iv) la participación electoral tiende a ser baja e incluso ridícula (como en la elección de la Asamblea Constituyente de la CDMX en la que apenas voto el 28% de la lista nominal), v) el dispendio “oficial” de recursos para partidos y candidatos es enorme y ofensivo (estimado en el 2018 de 2 mil mdp); y finalmente, vi) hay que agregar millones y millones de pesos irregulares que los partidos y candidatos logran disponer y gastarse al existir una fiscalización rudimentaria por parte de las autoridades (como lo demuestra el escandaloso caso del PSD y Cuauhtémoc Blanco, en la alcaldía de Cuernavaca). Todo esto en un contexto de muy bajo crecimiento económico y de un profundo y generalizado malestar social.
A estas complejidades hay que agregar que la alineación del Instituto Nacional Electoral (INE) cambiará en el 2017, al entrar tres nuevos consejeros, y que a fines de este año se renovará, por completo, la integración de la Sala Superior Electoral (TEPJF) encargada en última instancia de decidir quién gana y quién pierde las elecciones en México. Eso sí, dejarán entre ambas instituciones una serie de criterios absurdos y contradictorios que convertirán el proceso electoral prácticamente en un volado ya que cualquier irregularidad será sancionable —o no— dependiendo del criterio del que se decida echar mano.
Por último, es importante señalar que en el 2018 los mexicanos podrán votar desde el extranjero de manera electrónica, sin embargo, en la última elección en la que se permitió esta modalidad —por el diputado migrante del Congreso estatal— nos encontramos un sofisticado fraude que le costó el puesto al diputado ganador y a todos los consejeros electorales de Chiapas. Un fraude que demostró que a cualquier nivel hay quien se expone a cometer fraude, sobre todo si la posibilidad de sanción es casi nula.
Todo lo anterior perfila un panorama electoral preocupante al cual se suma la fragilidad de la economía nacional, la falta de crecimiento económico, la violencia proveniente del crimen organizado, la desaprobación del gobierno federal y un muy mal ánimo social. Si autoridades y candidatos no actúan con extremo cuidado, podríamos enfrentar una “tormenta perfecta” que desestabilizaría al país.
Muchos ya están preocupados y las alertas empiezan a sonar. Ojalá se asuman estos llamados con seriedad y se tomen medidas a tiempo porque quedan pocos meses y estamos en cuenta regresiva.
Cambiando de tema. *En otros temas electorales la investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco no llegará a nada. Lleva más de un tercio de su mandato y las autoridades electorales nunca detectaron irregularidad alguna en la fiscalización de sus recursos y del PSD. Así que, con o sin convenio ilegal lo que menos importa es la legalidad. Y este tema será otro agravio para la ciudadanía que ve cómo la clase política es intocable a pesar de que las violaciones a la ley son evidentes.
* En Estados Unidos también hay preocupación por la elección entre Trump y Hillary Clinton, en particular dadas las descalificaciones del candidato republicano al sistema electoral. Así que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, su Departamento de Estado —vía John Kerry— ha invitado a la Organización de Estados Americanos a supervisar y validar la elección presidencial. Así que parece ser que el Departamento de Estado, sí aprende del contexto electoral en Sudamérica. Se dice que la jefa de la misión electoral será el ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien también funge como la Relatora de Libertad de Expresión para la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI).
* En la industria de las telecomunicaciones sorprendió la multa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le impuso a OCESA por usar en carreras de coches —Fórmula E— frecuencias sin autorización. La multa fue de 97 mdp. El argumento de OCESA es que las frecuencias fueron usadas por las escuderías en la comunicación entre pilotos y mecánicos. El IFT por su parte definió que al ser responsable del evento, era también responsable de la sanción. Pero una multa de este tamaño representó toda la ganancia que OCESA tuvo en la Fórmula E y el 6% de sus ingresos anuales totales. En la empresa de Alejandro Soberón hay preocupación y perciben que este asunto como expropiatorio. El tema se irá a Tribunales, pero el IFT debe de tener cuidado al imponer sanciones dado que se quitó la suspensión en amparo para temas de telecomunicaciones. Ojalá este tema sea revisado por el Congreso ya que todas las empresas están expuestas a multas muy altas sin contrapeso alguno, ya que no existe supervisión del Poder Judicial Federal y se pueden cometer todo tipo de excesos en aras de cumplir con la ley. Así se sostienen las dictaduras.
