2021.09.24
Vía El Economista
Finalmente el Banco de México recibió ayer 23 de agosto, la asignación por 8,542 millones Derechos Especiales de Giro (DEG) que correspondió a México, de un total de 458,000 millones de DEG que el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuyó entre sus miembros. El monto asignado a nuestro país equivale a 12,117 millones de dólares, y según explicó ayer el banco central en un comunicado, se reflejarán en el saldo de las reservas internacionales en el estado de cuenta semanal que se dará a conocer el 31 de agosto próximo.
En ese mismo comunicado, explicó que si el gobierno federal desea contar con esos 12,117 millones de dólares, el mecanismo para hacerlo es mediante la compra respectiva de esas divisas al banco central. Es decir, si el gobierno del presidente López Obrador quiere pagar deuda externa, tiene que contar con 247,211 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy, para comprarle a Banxico esos poco más de 12,000 millones de dólares. Eso es si pretende hacer las cosas como deben hacerse. ¿De dónde podrían salir esos miles de millones de pesos que se requieren para pagarle a Banco de México? Pues podrían derivarse de un superávit en las cuentas del sector público o de la emisión de bonos de deuda en el mercado interno.
Si ello ocurriera así, no habría mayor problema por lo que hace a la reputación del gobierno federal y sobre todo, la de nuestro banco central, independientemente de si esa operación es la que pudiera representar el mejor uso posible de esos recursos en estos momentos.
Pero, las señales que ha enviado el presidente se perfilan a una intención para disponer caprichosamente de los recursos recibidos, como si el marco legal lo permitiera en esa forma tan discrecional y simplista, y utilizarlos para liquidar compromisos de deuda. Es decir, la tentación de utilizar parte de las reservas internacionales para empezar a pagar deuda externa ya se asomó, tal como ocurrió en Argentina en 2010 con Cristina Kirchner, y apenas ahora en 2020, con el regreso del “kirchnerismo” al poder, bajo la conducción de Alberto Fernández.
En enero de 2010, ante la negativa del presidente del Banco Central de la República Argentina, Martin Redrado, para constituir un fondo con cerca de 6,559 millones de dólares provenientes de las reservas internacionales, para pagar intereses de la deuda externa de esa nación, conforme a un decreto que había expedido la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta enfureció y presionó de manera extrema al funcionario del banco central hasta que lo orilló a renunciar, previo intento de resistencia de Redrado, que no duró mucho. En aquel momento, el saldo de las reservas internacionales del banco central argentino se ubicaba en 48,116 millones de dólares.
Diez años después de ese episodio, apenas iniciada la administración de Alberto Fernández, el nuevo presidente decidió utilizar parte de las reservas internacionales, nuevamente, en este caso 4,571 millones de dólares, para pagar deuda externa de Argentina. Al día de hoy, el saldo de las reservas internacionales se ubica en cerca de 42,800 millones de dólares, de los cuales, solo el 20 por ciento se considera líquido de libre disponibilidad. Es decir, el margen de maniobra del banco central ante una eventual corrida cambiaria (períodos de elevada volatilidad de la cotización de la moneda del país) es francamente reducido, si no es que nulo.
Las lecciones del caso argentino son, que lejos de resolver los problemas macro de Argentina, las tentaciones de los gobiernos kirchneristas por darle una mordida a las reservas internacionales del banco central simplemente y sencillamente afectó la reputación y credibilidad de este, reduciendo al mínimo su capacidad para reaccionar ante períodos de alta volatilidad del tipo de cambio, sin haber resuelto los problemas macro de esa nación. Con la autonomía del banco central no debe jugarse. Hay que estar alertas en México frente a los primeros signos de esas tentaciones caprichosas.