2020.07.22
Vía El Economista
La semana pasada, publiqué en este espacio un artículo titulado “Es el cumplimiento de la ley, estúpido”, en el que me referí al principal problema que, en mi opinión, enfrenta nuestro país y del que se derivan todos los demás: la casi absoluta impunidad, la ausencia generalizada del cumplimiento de la ley, empezando por la máxima autoridad obligada a cumplirla y hacerla cumplir: el presidente de la República, cabeza del poder que debe ejecutar las leyes de manera cabal, le gusten o no.
En el artículo puse como ejemplo la reforma energética, producto del pacto entre las principales fuerzas políticas, que les permitió reformar la Constitución y crear nuevas leyes e instituciones para que la iniciativa privada pueda invertir y competir en los mercados de energía. El objetivo y la causa me parecen correctos, y sigo pensando que el presidente López Obrador y su administración no pueden, simplemente, desconocer lo que dice la Constitución y la ley para, a través de actos y omisiones administrativas, torcer el sentido explícito de la ley en aras de favorecer a Pemex y CFE en detrimento de sus competidores privados, nada más porque a ellos no les gusta la participación privada en el sector energético. Este comportamiento, además de inconstitucional y violatorio del T-MEC, mina la confianza de cualquiera que piense en invertir en México.
A mi artículo respondió un furibundo seguidor del presidente López Obrador, reclamándome que, según él y ciertas versiones que circulan en los medios, el gobierno del ex presidente Peña, a través de Emilio Lozoya, sobornó a legisladores para que votaran a favor de la reforma energética. De ser esto cierto, los involucrados deberían ser juzgados y sancionados conforme a la ley, pero de ninguna manera puede servir de pretexto para que el presidente viole el texto vigente de la Constitución y las leyes.
Hasta ahora, del caso Lozoya sólo sabemos las gotitas de rumores que el régimen ha ido administrando con una clara intencionalidad política, sin importarle los efectos jurídicos que pudiera llegar a tener el uso faccioso de la información. Espero, por el bien de México, que algo tan grave como la compra del voto de legisladores integrantes del Poder Constituyente sea efectivamente investigado, probado con evidencia material más allá de testimonios interesados, y sancionado con toda la severidad que la ley permita. Si el origen mismo de la ley está viciado de corrupción, su legitimidad, coercibilidad y cumplimiento también lo estarán.
¿Qué clase de políticos tenemos que cambian sus convicciones por dinero? Si creen que los burócratas no son buenos generadores de riqueza, como yo lo creo, adelante, voten a favor y bienvenida la inversión privada. Nadie les tiene que pagar para ser consecuentes con sus ideas. Si por el contrario, como el presidente López Obrador, están convencidos de que no hay nadie mejor que un burócrata para generar riqueza con los bienes de la Nación, voten en contra y sean coherentes. ¿De verdad, Emilio Lozoya con una bolsa Louis Vuitton pudo más que su admiración por el Che? ¿Con qué cara el Estado mexicano puede exigir el cumplimiento de las leyes cuando el Constituyente Permanente actúa sin legitimidad? Espero que el presidente y la FGR no estén jugando y que todos los involucrados caigan, incluidos, por supuesto, aquellos cercanos a López Obrador.
