2018-02-20
La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó su Programa Anual de Trabajo para el 2018. Al igual que en ejercicios previos, el IFT incluyó una lista de actividades a realizarse en este año, que bien podría considerarse como bastante ambiciosa. De hecho, se incluyen medidas que habían sido incluidas en programas anteriores, pero que por diversas razones no pudieron llevarse a cabo. Para el caso del 2018, destacaría como la más importante la actividad que tiene que ver con aprobación del plan de separación funcional de Telmex, medida anunciada por el IFT el año pasado, que sería aprobada dentro de este primer trimestre del año.
Se trata de una medida fundamental para lograr condiciones de competencia efectiva en el sector telecomunicaciones de nuestro país, un objetivo central de la reforma constitucional en la materia del 2013. Se trata de un paso que debió adoptar el órgano regulador ante las dificultades para que el agente económico se decida a cooperar de manera plena con esta autoridad, y sobre todo, para que se decida a cooperar con el resto de los operadores, que requieren de acceso a la infraestructura y servicios que suministra el preponderante, en este caso Telmex.
Tal como lo había comentado anteriormente en este espacio, se trata de una medida para la que el IFT inició el año pasado un proceso que consistió en requerir a Telmex que hiciera una propuesta de separación funcional bajo determinados criterios fijados por el regulador, propuesta que ya recibió éste y que incluso después devolvió a Telmex para que realizara las correcciones pertinentes.
De igual forma, hay que recordar que los criterios fijados inicialmente por el IFT para delimitar el plan de separación funcional de Telmex se basaron en el modelo implementado recientemente por el órgano regulador del Reino Unido, Ofcom, modelo de separación que hubo de ser replanteado después de que ese órgano regulador reconociera que su primera versión había fracasado para promover un marco de competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones británico a lo largo de los 10 años que estuvo vigente.
Una vez que la medida sea anunciada de manera definitiva por el IFT, su éxito dependerá fundamentalmente de la capacidad del propio órgano regulador para vigilar su estricto cumplimiento y que en caso de que se detecten desviaciones respecto a la conducta que se espera del preponderante, se instrumenten de manera oportuna las medidas que resulten necesarias para que este agente económico corrija esas desviaciones. Para ello se requerirá que se diseñen mejor los mecanismos para extraer a Telmex la información necesaria y oportuna sobre el cumplimiento de estas medidas, frente a lo que ha ocurrido con las demás medidas de preponderancia, que también de manera oportuna se adopten las acciones que obliguen a que se corrijan los incumplimientos y que, en caso de ser necesario, se impongan las sanciones que resultan procedentes, también de manera oportuna.
Porque de nada sirve contar con el conjunto de medidas mejor valoradas o que sean motivo de elogios en el exterior, si el mercado no tiene la oportunidad de conocer su eficacia, simplemente porque el agente sobre quien recaen dichas medidas no las cumple o no las cumple en forma oportuna, que en los hechos equivale a no cumplirlas. Estoy cierto que los comisionados del IFT están conscientes de la oportunidad de mejora que representa el área de supervisión y de imposición de sanciones por parte de esa autoridad reguladora. En este sentido, puedo afirmar que he podido constatar que a lo largo de estos cuatro años y medio de vida del IFT, se puede apreciar una voluntad para corregir los errores o para mejorar con base en las primeras experiencias.
