2019-01-15
Hace casi dos años, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió ordenar la separación funcional de Teléfonos de México (Telmex), como resultado de la revisión de las medidas de preponderancia que había establecido en marzo del 2014. En la resolución correspondiente, de marzo del 2017, los comisionados del órgano regulador señalaron que a pesar de las medidas establecidas en el 2014 que buscaban que los competidores de Telmex pudieran tener acceso a servicios de desagregación de este operador, el acceso a dichos servicios había sido limitado y lento, derivado de que existían incentivos para que el preponderante retrasara las negociaciones y aumentara el costo de transacción de los operadores que le solicitaban ese acceso al no proporcionarles de manera oportuna toda la información de su red.
Asimismo, asentaron que de acuerdo con la experiencia de diversos países, está demostrado que existe una correlación positiva entre lo adopción de obligaciones de desagregación de la red local y la penetración del servicio de la banda ancha, por lo que resultaba necesario promover el uso de los servicios de desagregación y compartición de infraestructura.
Al ordenar la separación funcional de Telmex, lo que el IFT buscó es separar la provisión de los servicios mayoristas —que son los servicios que contratan los demás operadores para ellos poder ofrecer también servicios de telecomunicaciones—, de los minoristas, que son los servicios que se suministran u ofrecen a los usuarios finales, como son las líneas en los hogares o en los negocios. El plan debe implementarse a más tardar en marzo del 2020.
Como era de esperarse, la medida no fue bien recibida por Telmex, ni por el sindicato que aglutina a todos sus trabajadores, que en más de una ocasión han intentado presionar al IFT y a otras autoridades para retrasar su implementación o bien, descarrilarla, mediante emplazamientos a huelga. Ahora bien, para quien conoce la historia regulatoria del sector telecomunicaciones de México, no resulta sorpresiva ni la actitud de resistencia u oposición por parte de Telmex, ni la de su sindicato. En más de una ocasión, desde que se le trató de imponer por primera vez obligaciones específicas en su carácter de operador dominante en el año 2000, tanto empresa como sindicato han operado casi de la mano, para impedir que la empresa quede sujeta a medidas regulatorias que favorezcan la competencia, tal como ha ocurrido en muchos otros países.
El fin de semana pasado, nos enteramos por virtud de un desplegado que difundió el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que como resultado de las gestiones de su líder, “se instaló de manera formal 11 de enero, una mesa permanente de negociación intersecretarial del más alto nivel, donde también participará Teléfonos de México y el IFT, con el objetivo de detener la separación funcional y presentar nuestras propuestas sobre el desarrollo del sector”.
Desde luego que este anuncio es en extremo preocupante, sobre todo porque —según el sindicato—, se trata de una mesa intersecretarial, es decir, con representantes del Poder Ejecutivo, en la que supuestamente participarían la empresa regulada y el órgano regulador, cuyas decisiones gozan de la más sólida autonomía, sobre todo del Ejecutivo y de las empresas reguladas, y que tiene como propósito central detener la separación funcional.
Desde ahora hago votos para que ningún secretario miembro del gabinete del presidente López Obrador tenga la más mínima intención para detener una decisión adoptada por el IFT en pleno uso de sus facultades constitucionales. Ojalá que ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, resulten sorprendidos por esta estrategia dilatoria por parte de Telmex y su sindicato. No tienen facultades para detener una decisión del IFT. De hacerlo, descarrilarán la reforma de telecomunicaciones y darán un significado a la Cuarta Transformación distinto del pretendido.
