De acuerdo con notas que aparecieron ayer en al menos dos diarios de circulación nacional, un juzgado de distrito especializado en telecomunicaciones y competencia económica habría admitido a trámite el viernes pasado un juicio de amparo promovido por Telmex en contra de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que delimitó la forma en que se instrumentará la separación funcional de este concesionario, que el mismo órgano regulador había ordenado en febrero del año pasado.
No es para sorprenderse la decisión de Telmex de litigar esta decisión del IFT. Lo avisó en su momento, pero además se inscribe en la consistente historia litigiosa del grupo económico al que pertenece Telmex, que una y otra vez han combatido en tribunales las decisiones de las autoridades reguladoras. En su momento, fueron las decisiones de las extintas Cofetel y Cofeco las que fueron objeto de este tipo de impugnaciones, que causaron mucha parálisis en el sector telecomunicaciones y que impidieron que en nuestro país se pudiera consolidar un ambiente de competencia efectiva en el sector telecomunicaciones, lo que de acuerdo con la OCDE, se tradujo en su momento en un costo en bienestar para los mexicanos de cerca de 26,000 millones dólares por año, en virtud de los elevados precios de los servicios de telecomunicaciones que prevalecían en aquellos años. Fue justamente ese panorama una de las motivaciones centrales de la reforma en telecomunicaciones aprobada en el 2013.
Gracias a los cambios introducidos en el Artículo 28 de nuestra Constitución, las decisiones del nuevo órgano regulador, el IFT, no son susceptibles de ser suspendidas mientras se desarrolla el juicio por el que estén siendo combatidas. Así que, a diferencia de aquellos días previos a la reforma de telecomunicaciones, la decisión del IFT en materia de separación funcional seguirá instrumentándose hasta en tanto no se resuelva en forma definitiva el juicio de amparo promovido el viernes pasado por Telmex.
Como era de esperarse, inmediatamente después de conocida la decisión del pleno del IFT relativa a la instrumentación de la separación funcional de Telmex, se empezó a escuchar el concierto de voces afines al agente preponderante que han tratado de desvirtuar de manera muy anticipada o prematura la resolución de la autoridad reguladora. Naturalmente, omiten reconocer que, hasta ahora, los operadores del agente preponderante, Telmex y Telcel, han sido relativamente exitosos para impedir que se logren los objetivos del IFT para generar un ambiente de competencia efectiva que pueda considerarse como plenamente asentado en nuestro país. En mi opinión, con la decisión en materia de separación funcional, el IFT se coloca en la ruta correcta consistente con el mandato que le dio el poder reformador de la Constitución en el 2013, previsto en el párrafo 15 del Artículo 28 constitucional.
En las consideraciones de su reciente resolución, el IFT reconoce que otras medidas de gran importancia para promover la competencia efectiva no han logrado, en un tiempo razonable, el efecto deseado, o bien, que su instrumentación se ha quedado por debajo de lo que se buscaba. Tal es el caso de la desagregación de la red local de Telmex, que no obstante está vigente desde hace poco más de un año y que esa red pasa por millones de casas, hoy solamente hay 5,500 líneas de Telmex desagregadas en uso por otros operadores.
O sea, que si esperamos a que Telmex y Telcel generen por sí solos las condiciones que requiere el mercado mexicano para que haya una verdadera competencia efectiva, habremos de esperar a que sea la siguiente generación la que vea esos resultados. Ante conductas de este tipo es que se requiere contar con una autoridad reguladora fuerte como el IFT. Por lo pronto, este órgano regulador dio un gran paso, absolutamente congruente con la reforma del 2013.
*El autor es senador de la República.
