Esta semana es crucial para el proyecto de la Red Compartida mayorista que, de acuerdo con la reforma constitucional del 2013, está prevista para explotar en exclusiva la banda de 700 MHz. Lo es porque este jueves los interesados en obtener el contrato que se otorgará al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas deberán presentar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sus correspondientes posturas. Se trata de un proyecto sin precedente en la historia de las telecomunicaciones de nuestro país, entre otras razones por lo ambicioso del mismo, el monto que se requiere para desplegar la infraestructura necesaria, el modelo de negocio bajo el que se otorgará y la complejidad del entramado regulatorio que habrá de enfrentar.
El modelo de negocio para esta red enfrenta una paradoja que se deriva de la reforma constitucional; la importante caída en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en los últimos dos años, que no significa otra cosa que la rentabilidad esperada para cualquier proyecto que involucre el despliegue de una nueva red, se ha reducido en tan sólo dos años. Asimismo, en este mismo espacio de tiempo, el número de operadores móviles en nuestro país pasó de cuatro jugadores a tres. Estos operadores están destinando recursos importantes para lograr cada vez mayor cobertura. Por ejemplo, América Móvil, el agente preponderante, afirma que hoy ya cubre territorio donde habita 93% de la población. También, ahí están los 3,000 millones de dólares que comprometió AT&T para invertir en su red 4G entre el 2015 y el 2018, lo que le permitirá lograr cubrir territorio en el que habita cerca de 82% de la población. Por otro lado, tanto AT&T como América Móvil hoy tienen más espectro que cuando se aprobó la reforma. Se trata de factores que hoy son distintos a los que prevalecían cuando se construyó la idea de la Red Compartida.
Una gran apuesta de quienes han promovido este proyecto está en la idea de que empresas de servicios fijos, particularmente los que hoy ofrecen servicios triple play como Izzi, Totalplay, Axtel o Megacable, se sientan tentadas a entrar al mercado de servicios móviles. Sin embargo, es una apuesta excesiva, desde mi particular punto de vista. Si bien es cierto que habrá condiciones para que decidan ingresar a ese segmento, también es cierto que aun subiéndose estos cuatro operadores, por ejemplo, resulta difícil que puedan llegar a significar un volumen de tráfico suficiente para justificar un proyecto de este tamaño. No sería de extrañar que Axtel termine formando parte de alguno de los interesados, pues ha sido pública su postura de ver con buenos ojos este proyecto.
En fin, desde mi óptica, el camino para la Red Compartida se ve cuesta arriba. Habrá que estar atentos para que, no obstante los ajustes que se hicieron sobre el camino para tratar de hacer atractivo este proyecto, quien resulte ganador represente una verdadera opción para llevar éste a buen puerto.
Por lo pronto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a entender, con su comunicado sobre la entrega de las opiniones en materia de competencia económica a los interesados en participar en esta licitación, que se trata de al menos dos consorcios. Reitero mi postura de hace algunas semanas, un buen diseño de la licitación habría evitado que el IFT se sintiera agobiado por revelar al menos el número de consorcios que se acercaron a solicitar esa opinión.
