2021.11.30
Vía El Economista
La fracción II del artículo 39 de la Ley del Banco de México establece con precisión que para ser integrante de la Junta de Gobierno del banco central se requiere “gozar de reconocida competencia en materia monetaria (lo subrayo), así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera”.
La propuesta del presidente López Obrador para que Victoria Rodríguez Ceja sea integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México y que además asuma el cargo de Gobernadora de este, no cumple con el primer requisito, que no es opcional. Tan es así que en el escrito por el que el titular del Ejecutivo propone su nombramiento al Senado de la República omite de manera expresa acreditar el cumplimiento de la reconocida competencia en materia monetaria por parte de la funcionaria designada. No es un tema de género, simplemente no cumple con el requisito. Nada tiene que ver con dicho requisito el que ella haya llevado a cabo durante años la función de planear e instrumentar el ejercicio del gasto, especialidad en la que sin duda tiene amplia experiencia.
Ahora bien, ¿por qué es tan relevante esa competencia en materia monetaria? Pues simplemente porque es la tarea fundamental del Banco de México. Los anuncios de un banco central sobre decisiones adoptadas por su cuerpo directivo, en este caso la Junta de Gobierno, tienen efectos en tiempo real sobre el tipo de cambio o el precio de los instrumentos de deuda del sector público.
En el contexto de los bancos centrales, el atributo de la autonomía resulta fundamental para poder llevar a cabo con eficacia el mandato que el marco legal le encomienda. Pero la autonomía no es un factor suficiente. Está ampliamente demostrado que para poder generar confianza a los mercados e inversionistas, un banco central debe construir una buena reputación, para ello primero debe ser consistente en las decisiones que adopte, que cuando se apegan a los compromisos para seguir determinadas reglas y adherirse a ciertas metas de política, se traducen en credibilidad.
Cualquier titubeo, ya sea para adoptar decisiones o a la hora de comunicar las mismas, puede desencadenar períodos de alta volatilidad que pueden tirar por la borda cualquier mejora reciente en los indicadores macroeconómicos de un país, y peor aún, en el bienestar de los hogares. Por ello se requiere competencia en materia monetaria.
Desafortunadamente, algo que justo ha caracterizado a la 4T es su desprecio tanto por las reglas como por el apego a los compromisos, y por su consistente enfoque de poner en duda la importancia de las instituciones autónomas. Y ahí están los diversos ejemplos que empezaron con la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la renegociación prácticamente unilateral de los contratos de largo plazo de los gasoductos, la cancelación arbitraria de los permisos para la planta cervecera en Mexicali o la modificación arbitraria de las tarifas de porteo para el uso de la infraestructura de la CFE.
Ahora bien, la Ley del Banco de México le da al presidente el margen para nombrar a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno sin cumplir los requisitos, pero con la restricción de que no podría ser Gobernadora hasta después de haberse desempeñado durante tres años como subgobernadora. Ello no ocurrió, prefirió empeñarse en un nombramiento que puede convertirse en el factor que termine por definir el desempeño, desfavorable, de la economía mexicana a lo largo de su gestión como presidente. Habrá que ver cómo reaccionarán los mercados ante decisiones que deba comunicar la inminente gobernadora y qué tanto confiarán en que lo que comunique no está influenciado por las obsesiones del presidente.